Insumisión de bares en Durango

El recorte del horario de cierre de bares, que entró en vigor hace ocho meses, ha acabado con la paciencia de los hosteleros en Durango: llevan ya cuatro fines de semana de insumisión a la ley al prorrogar una hora la clausura de sus establecimientos. Los empresarios basan su desobediencia en el incumplimiento de la normativa en la mayoría de los municipios con el beneplácito de sus autoridades. El Ayuntamiento, gobernado por el PNV, afirma que está "atado por la ley" y reprocha la "irresponsabilidad" de otros municipios y el Departamento de Interior. Los hosteleros señalan que la sublevación es mayoritaria. "Sólo hay algunos esquiroles". El Ayuntamiento habla de establecimientos concretos. "Son 16 y concentrados en una zona", matiza el jefe de la Policía Municipal, Luis Bandrés. El caso es que las actas de infracción se agolpan: algunos bares tienen cuatro expedientes, por lo que es un mes, con la ley en la mano, se debe proceder a su clausura. Serafín, del bar Maite en la calle Goienkale -en pleno casco viejo, donde está la mayor concentración de tascas-, encoge los hombros y se explica: "Hemos estado cumpliendo la ley seis meses, pero, al ver las grandes pérdidas que teníamos porque los pueblos de al lado incumplían los horarios y la gente se iba, decidimos cerrar una hora más tarde". A rajatabla La medida tuvo su respuesta por parte del Ayuntamiento de Durango, uno de los pocos municipios que también hacía cumplir la anterior normativa, la de 1988. Empezaron las actas. "El Ayuntamiento está siendo tan duro porque le ganamos un juicio el pasado año [el Tribunal Superior dictó una sentencia que consideraba al consistorio no competente en establecer horarios de cierre] y con el nuevo decreto ha aprovechado para aplicarlo a rajatabla", proclama Serafín. Veinte metros más abajo, César, dueño del Uda-berri, incide en los defectos prácticos del decreto. "No puede ser que en Ermua haya garitos abiertos incluso hasta las siete de la mañana. Que se haga igual en todos los sitios; igual es mejor, empezamos a trabajar antes". Dos cañas y un zurito. Dos tintos. César sirve consumiciones y vuelve a la carga: "Las dos y media es buena hora para cerrar estos bares, ¿no? Tampoco vas a estar dando la murga hasta las cuatro", exclama, buscando asentimiento a su discurso. José Luis, propietario de la Chantonesa, otro de los bares tradicionales de Goienkale, es más drástico. "Se quieren cargar Goienkale. Normalmente las multas vienen aquí. Yo creo que si el Gobierno saca un decreto, debería ser igual para todos, ¿o es que sólo hay autoridad para poner multas?". José Luis aduce que el bajón económico ha sido "tremendo". Serafín, el del Maite, incluso cuantifica: "Esa hora de menos supone 300.000 pesetas al mes". Isidoro Sánchez, teniente de alcalde de Durango, gesticula con constancia en su despacho en el Ayuntamiento. "Tenemos un decreto de obligado cumplimiento y una sentencia del Tribunal Superior que dice que no somos competentes. ¿Qué haces ante eso? Lo increíble es que se plantee esto a un ayuntamiento que no hace más que cumplir la ley". Sánchez comparte la reivindicación de los hosteleros de que no haya excepciones y asegura que lo ha reclamado varias veces a instancia superiores, sin resultado positivo. Culpa a Interior y a los alcaldes que incumplen el decreto. "Hay una irresponsabilidad manifiesta de cargos políticos y policiales, que deben tomar medidas para que se aplique de forma homogénea o se consensúe. O cumplimos la ley todos o va a llegar un momento en que no la cumpla nadie". Según sus datos, sólo su municipio y el vecino de Amorebieta hacen respetar los horarios en la comarca. La situación puede agravarse sobremanera dentro de un mes, cuando las actas de infracción hayan superado todos los trámites y se deba dictar la clausura. "Vamos a ver que pasa", dice Serafín lacónicamente. "Si nos cierran, iremos al Ayuntamiento con la tienda de campaña", advierte José Luis. En el Ayuntamiento predomina la cautela. "Esperemos que antes de que concluyan los expedientes haya novedades y la aplicación de la ley se extienda a todos los municipios", señala el teniente de alcalde. Incluso se piensa en pasar la pelota al Gobierno. "Por la ley podemos pasar las actas de infracción al Departamento de Interior para que decida él la clausura", recuerda Luis Bandrés.