Interior experimenta desde hace tres años nuevas medidas de seguridad contra los sabotajes radicales

El Departamento de Interior está realizando desde hace tres años experimentos piloto para reforzar la seguridad en los transportes públicos para impedir o, cuando menos, limitar los daños que causan los sabotajes realizados por grupos radicales afines a ETA. Estos sistemas ya han sido ofrecidos a los distintos consistorios vascos y empresas de transportes, que no los han aplicado en la mayor parte de los casos, ya que consideran muy complicado evitar estas agresiones, por lo que prefieren asumir un importante porcentaje de pérdidas.

El papel de la consejería que dirige Juan María Atutxa se ha centrado durante este periodo en el asesoramiento a las instituciones afectadas. A pesar de que desde hace varios años trabaja en experiencias dirigidas a mejorar las condiciones de seguridad, son empresas privadas las encargadas de facilitar los medios técnicos en caso de que algún ayuntamiento los requiera. La reciente reunión de responsables del Gobierno vasco y representantes parlamentarios en torno a la denominada Mesa Plural, dirigida a establecer directrices de actuación frente a los comportamientos de la juventud radical, ha impulsado el mantenimiento de estas experiencias piloto. Entre ellas destacan la instalación en autobuses y trenes de localizadores del sistema GPS, tecnología que permite determinar por satélite la situación exacta de la unidad de transporte, que la Ertzaintza ya aplica en otros ámbitos de seguridad. También se ha analizado la colocación de pulsadores en los autobuses para que el conductor pueda alertar de forma inmediata a la policía en caso de ataque, así como la instalación de sistemas de extinción automáticos. Estos últimos han sido probados a través de un prototipo que consiste en una serie de tuberías y cabezas rociadoras distribuidas en el interior del autobús y conectadas a unos depósitos de agua e hidrógeno. La presencia del fuego activa un sistema de refrigeración y extinción similar al que se puede encontrar en la mayor parte de los edificios públicos Los técnicos de Interior descartaron la implantación de cualquier nivel de blindaje en las superficies acristaladas, debido al coste elevado que conlleva "que no iría acorde con el incremento diferencial de seguridad, puesto que ello no evitaría el acceso al interior por parte de los autores de los hechos", según los medios informantes. Pese a que fuentes de Interior destacan que en algún caso se han llegado a aplicar estas medidas en determinados ayuntamientos, tanto los responsables de los transportes públicos en las tres capitales vascas como las propias empresas de autobuses urbanos subrayan la poca operatividad de las mismas. Sólo el Ayuntamiento de Bilbao asegura haber participado en pruebas piloto hace unos meses, aunque el concejal de Seguridad Ciudadana y Circulación, el peneuvista Pedro Barreiro, muestra su escepticismo acerca del éxito real de medidas de seguridad de estas características. "Actualmente contamos con tecnología dirigida a controlar los horarios y recorridos, denominada Sistemas de Ayuda a la Explotación, pero no está pensado como medida de seguridad", señala. "En todo caso, es complicado prevenir o intervenir en este tipo de acciones, dada su inmediatez". Barrios periféricos En el parque de autobuses de Bilbao, que supera el centenar de vehículos durante los días laborables, las líneas que han sufrido mayor número de ataques, según el concejal, han sido las que llegan hasta los barrios periféricos de la capital vizcaína. La prueba experimental en la que tomaron parte el pasado año, desarrollada en Madrid, se centraba en sistemas dirigidos a la extinción de incendios, pero no han sido utilizados con posterioridad. La sensible reducción de sabotajes que ha experimentado en los últimos meses Bilbao no se corresponde con la situación de San Sebastián. Según explica Enrique Isusi, gerente de la Compañía del Tranvía donostiarra, durante el pasado año fueron 16 los vehículos urbanos que sufrieron ataques por parte de radicales, ocho de los cuales quedaron totalmente destruidos. Las pérdidas cuantificadas durante dicho ejercicio alcanzaron los 60 millones de pesetas. A lo largo de este año, dos autobuses han padecido este tipo de agresiones, con un coste que ya supera los 25 millones de pesetas, precisamente el precio de un coche nuevo dentro de una flota que cuenta con 80 autobuses en estos momentos.