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Tierra quemada

Hasta hace pocos días el trabajo de recuperación de suelos contaminados más ambicioso que se estaba ejecutando en Andalucía era el de El Acebuchal, un viejo vertedero ilegal situado entre las barriadas de Torreblanca y Montequinto, en el término municipal de Alcalá de Guadaira (Sevilla). Sobre una superficie de 42 hectáreas, y a lo largo de varios años, se fueron acumulando más de un millón de toneladas de residuos urbanos e industriales. Los análisis efectuados por la Consejería de Medio Ambiente confirmaron la presencia de arsénico, bario, cromo, mercurio y plomo en altas concentraciones, así como acumulaciones puntuales de aceites usados e hidrocarburos, por lo que fue seleccionado como zona de acción prioritaria. En este caso, remover cuatro millones de metros cúbicos de suelo y separar los contaminantes no es tarea fácil, por lo que algunas de estas sustancias tendrán que ser tratadas in situ, sellando y consolidando las zonas en las que se acumulan para evitar su fuga. Las obras, iniciadas a finales del pasado año, se prolongarán, al menos, hasta febrero de 1999 y supondrán una inversión cercana a los 1.400 millones de pesetas, o lo que es lo mismo, invertir más de 33 millones de pesetas por hectárea. Al mismo tiempo se empezó a trabajar en la recuperación de los suelos de una antigua fábrica de fertilizantes, Fesa-San Jerónimo, situada en el término de Sevilla capital. En este caso, y aunque también están presentes los temidos metales pesados, el volumen de tierra a tratar es mucho menor (26.000 metros cúbicos), lo que reduce los gastos de la operación de limpieza (452 millones de pesetas) y el plazo de ejecución (seis meses). Pero la intervención en El Acebuchal, compleja y costosa, ha quedado reducida a la categoría de anécdota frente a la magnitud de la catástrofe originada por la rotura de las balsas de las minas de Aznalcóllar. Frente a las 42 hectáreas contaminadas en Alcalá de Guadaira ahora hay que enfrentarse a un cauce de 40 kilómetros de longitud sobre el que se depositan, en una amplia franja que supera sus orillas naturales, alrededor de 7 millones de toneladas de lodos que contienen importantes cantidades de metales pesados. Ninguno de los 618 suelos contaminados en Andalucía es comparable a esta inmensa lengua de tierra quemada, ni siquiera alguno de los diez enclaves considerados de alto riesgo. Si el caso de El Acebuchal no se puede equiparar con el desastre de Doñana, en los otros puntos de actuación urgente la cantidad de tierra contaminada a tratar está aún más lejos de la que se considera afectada por el vertido tóxico de Aznalcóllar, oscilando entre los 2.000 metros cúbicos de la antigua fábrica de traviesas ferroviarias de Andújar (Jaén) y los 140.000 que se acumulan en una vieja industria de salazones situada en Cortegana (Huelva). Cuando la superficie a tratar no es muy amplia, y los contaminantes tampoco aparecen en proporciones alarmantes, el presupuesto de actuación es moderado, como ocurre en Isla Cristina (Huelva), donde limpiar unos 84.000 metros cúbicos de tierra, en los que se aprecia un ligero contenido en metales pesados procedentes de una antigua industria conservera, costará algo menos de 70 millones de pesetas. Sin embargo, hay casos, como el de la Barriada Electromecánica, en Córdoba capital, donde el tratamiento de 42.000 metros cuadrados de tierra exigirá un desembolso cercano a los 10.000 millones de pesetas, ya que además de metales pesados y aceites minerales el suelo recibió vertidos de policlorobifenilos (pcb), sustancias de gran peligrosidad que exigen tratamientos muy costosos. En el caso del entorno de Doñana, además de los 7 millones de toneladas de lodos acumulados se tendrá que hacer frente a una cantidad, todavía no evaluada, de tierras contaminadas por estos desechos que, en principio, los especialistas sugieren tratar in situ con recursos biotecnológicos de última generación, como bacterias o plantas capaces de fijar o metabolizar los metales pesados. Y, como han advertido algunos expertos, habrá que vigilar que las operaciones de retirada de lodos no afecten, en lo posible, a la capa más superficial de los terrenos, una franja de unos 10-15 centímetros de espesor donde se acumula la materia orgánica que hace fértiles a estos suelos.

Vigilar el acuífero

Nadie ha aportado todavía pruebas concluyentes de que el acuífero 27, sobre el que se asienta el Parque Nacional de Doñana, haya recibido contaminantes procedentes del vertido tóxico, aunque no pocos especialistas e instituciones, entre las que se cuentan el Colegio Oficial de Geólogos de España y la Sociedad Española de Ornitología, sospechan que este fenómeno es inevitable, aunque no será fácil de probar a corto plazo. La incógnita, que sólo podrá despejarse en los próximos años, es si la riada tóxica pasó por zonas de recarga del acuífero y, por tanto, si los minerales pesados se han filtrado a las aguas subterráneas. La Comisión Internacional de Expertos sobre el Desarrollo del Entorno de Doñana explicaba en sus conclusiones, dictadas en 1992, que para algunos contaminan-tes, como los nitratos, procedentes de algunos productos químicos usados en la agricultura (y que no son precisamente sustancias muy retenidas por el terreno), }el paso de la superficie del suelo a la capa subterránea de agua podía demorarse meses e incluso años, según las zonas. Verticalmente, añadía la comisión, los contaminantes "pueden tardar de 5 a 20 años en alcanzar los niveles acuíferos profundos, los preferentemente explotados por los pozos". A la vista de estos datos, los expertos hacían una importante advertencia que, tras el suceso de Aznalcóllar, adquiere aún más valor que entonces: "Todo ello quiere decir que salvo que se instale una red de observación expresamente diseñada para observar la contaminación, ésta está pasando desapercibida y lo puede estar durante mucho tiempo, durante el cual se acumula una situación cuya reversibilidad es cada vez más difícil, con repercusiones ecológicas graves y que afecta a las propias captaciones de abastecimiento".

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