Un informe del Govern alerta de indemnizaciones de hasta 50 millones por paralizar el Hard Rock

Las indemnizaciones del Gobierno catalán por paralizar el Hard Rock alcanzarían los 50 millones de euros en el peor de los casos. Un informe del Gabinete Jurídico de la Generalitat al que ha tenido acceso EL PAÍS alerta de los posibles escenarios jurídicos a los que se enfrentaría el Ejecutivo catalán si los inversores reclamaran compensaciones por la imposibilidad de tirar adelante el macrocomplejo. “El resultado estimado del coste de la responsabilidad patrimonial, según las hipótesis establecidas, se encontraría entre los 37,4 y los 50 millones de euros”, concluye el documento, elaborado hace un año en el tramo final de la legislatura de Pere Aragonès. El riesgo obliga al Govern de Salvador Illa, que como su antecesor nunca ha concretado el coste de unas eventuales compensaciones, a moverse entre la ambigüedad para cumplir con las exigencias de los Comuns, contrarios al proyecto, y a la vez no alimentar las posibles reclamaciones de los inversores.

Solicitado a finales de 2023 por el Departamento de Economía para conocer el alcance de una “eventual responsabilidad patrimonial” de la Generalitat, el informe señala dos posibles reclamaciones en caso de decaimiento de la autorización de explotación del macrocasino. El grupo turístico obtuvo en 2018 la licencia tras presentar un aval de 10 millones y depositar 2,5 más al Institut Català del Sòl (Incasòl) como depósito por la reserva del suelo donde edificar el recinto; por lo que el documento ve posible una reclamación por “daño emergente” (pérdidas que los inversores sufren por la acción directa de la Administración) y por “lucro cesante” (beneficios que se dejan de obtener) si el macrocomplejo no prospera, aunque estas últimas son más improbables, según el texto.

Las reclamaciones tendrían recorrido si el propio Govern revocara directamente la autorización para la explotación del casino o si no se aprobara el Plan Director Urbanístico (PDU), el último trámite administrativo pendiente para arrancar el proyecto. “Se podría hacer valer un daño emergente en lo que se refiere a gastos efectuados después de haber obtenido la autorización con vistas a una futura explotación del casino”, concluye el informe. Las compensaciones alcanzarían 21 millones de euros por esta cuestión.

En los cálculos de la Generalitat también se contempla un eventual coste de entre 8 y 18 millones de euros adicionales por una reclamación del lucro cesante que el Gabinete considera menos probable. “El operador [Hard Rock] todavía no ha ejecutado la compra de los terrenos pero sí ha realizado el desembolso completo del capital social requerido. Se puede considerar que ya ha generado un flujo de inversión encaminado a la obtención de beneficios cuando inicie la actividad”, señalan los expertos. El cálculo responde al porcentaje (11,3%) de las inversiones ejecutadas hasta ahora por Hard Rock en relación a los beneficios previstos a largo plazo.

A todo ello se incluyen unos eventuales costes judiciales de entre 7,8 y 10,4 millones de euros, por lo que la suma máxima planteada se mueve entre estos 37,4 y 50 millones de euros. Sin embargo, la cifra puede crecer a medida que se mantiene el bloqueo de la explotación económica. “Todos estos importes pueden haber variado, especialmente si el operador ha empezado a realizar acciones para la ejecución concreta del Proyecto (...) que necesitarían no sólo resarcirse, si no retribuirse”, recoge el documento.

Illa, entre dos aguas

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, defendió el proyecto desde la oposición y durante la pasada campaña electoral. Pero su debilidad parlamentaria y las exigencias de sus socios (Comuns y ERC son contrarios al proyecto) le han obligado a mover ficha. Con todo, fuentes del actual Govern consultadas por EL PAÍS sostienen que no tienen constancia del traspaso de este informe.

El PSC apoyó a mediados de diciembre aumentar los impuestos al juego en los casinos hasta el 55% en lugar del 10% vigente hasta ahora. El nuevo gravamen es prácticamente inasumible para un casino de esta magnitud, según varias fuentes parlamentarias, que señalan que una carga fiscal del 30% era el límite asumible para consolidar la viabilidad del casino. Fuentes del Ejecutivo admiten que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, explicó personalmente a los inversores el porqué del cambio de los tributos. “El president planteó que no podía hacer excepciones de este tipo”, señalan las mismas fuentes.

A pesar de haber apoyado la modificación fiscal, el Govern mantiene públicamente que no pretende echar atrás a los inversores. “Si esto [el incremento de la fiscalidad] es un impedimento para el proyecto es una decisión que depende de ellos, no de nosotros”, aseguró la consejera de Economía, Alícia Romero. En esta línea, el propio PSC se abstuvo a finales de diciembre en el Parlament en una moción presentada por el PP que pedía la luz verde para este procedimiento, un día después de eliminar las ventajas fiscales de los casinos. El Parlament entendió el movimiento de los socialistas como un acto de prudencia. “El Ejecutivo está forzando a los inversores a que tiren la toalla, y estos no quieren dejarlo sin conseguir algo a cambio”, concede un diputado de la provincia de Tarragona en el Parlament.

El macrocasino parece ahora una piedra en el zapato del Govern de Illa, como también lo fue para el Ejecutivo de Pere Aragonès. El gobierno de Esquerra no obtuvo la luz verde para los Presupuestos porque los comunes se negaron a que el macroproyecto se mantuviera en liza; y el mismo equipo de gobierno admitía que las millonarias indemnizaciones eran una losa que condicionaba las decisiones sobre el Hard Rock. La falta de entendimiento llevó a unas elecciones anticipadas que dejó señalados precisamente los proyectos de republicanos y comunes.

Ahora el proyecto está pendiente de varias cuestiones. Por una parte, el Consorcio del Centro Recreativo y Turístico Vila-seca-Salou espera los informes del Departamento de Territorio para aprobar el PDU y seguir adelante con el macrocomplejo. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya rechazó en 2020 una primera propuesta porque parte de los terrenos del Hard Rock se ubicaban en zonas de riesgo químico por su cercanía con las industria Ercros; y ahora se deben aprobar las correcciones para sortearlas. Esta aprobación es importante porque activaría el calendario para que Hard Rock tuviera que adquirir los terrenos, propiedad de Criteria Caixa (el brazo inversor de La Caixa) donde levantará el complejo.

La compraventa se aplazó en plena pandemia del coronavirus por petición expresa de Hard Rock, en un proceso que en 2020 se daba por segura la intervención del Incasòl. El contrato privado entre ambas partes incluía su intermediación, en una acción de comprar a Criteria los terrenos por 120 millones de euros y venderlos a la sociedad Group Hard Rock por la misma cantidad. La ausencia del PDU y la pandemia dilató el proceso, y ahora fuentes del entorno de la negociación aseguran que Criteria reclama 128 millones por los mismos terrenos.

El informe del Gabinete Jurídico, en todo caso, libera al Govern de cualquier responsabilidad en el traspaso de la propiedad. “La compraventa de los terrenos no requiere la intermediación del Incasòl y dejar sin efectos los Acuerdos de Govern del 15 de diciembre (se instaba a Incasòl a intervenir en la transacción) no debe generar responsabilidades económicas”.