El Govern justifica su sí al Hard Rock por el alto coste de cancelar el megacasino
Esquerra insiste en desmarcarse de un proyecto que Oriol Junqueras validó cuando era el vicepresidente y consejero de Economía
El proyecto Hard Rock de Salou vuelve a cobrar protagonismo sin que apenas nadie haya visto un boceto de cómo será el resort con casino, 100 mesas de juego y 1.200 máquinas tragaperras que se tiene que levantar en unos terrenos aledaños al parque Port Aventura. Una idea, de momento, poco tangible pero que mantiene en vilo a los presupuestos catalanes por el rechazo frontal de los comunes a votar sí a las cuentas, si el Hard Rock no se encierra en un cajón. “No es nuestro modelo de país, pero hay cosas que están hechas y no se pueden deshacer”, alegó este martes Patrícia Plaja, portavoz de la Generalitat.
El Govern de Esquerra alega que no se siente cómodo con el megacomplejo turístico pero que no le cierra la puerta por las exigencias que pone el PSC para dar apoyo a los presupuestos. Además, trasciende la idea de que el equipo de Pere Aragonès no está dispuesto a pagar el coste económico que representaría enterrar el Hard Rock. “El proyecto está avanzado y no contemplamos asumir el coste que supondría pararlo”, reconoció la portavoz Plaja este martes en su rueda de prensa posterior al Consell Executiu. Una información publicada por EL PAIS este martes desvela que si el plan no prospera, el Ejecutivo catalán se arriesga a tener que pagar una indemnización millonaria por daños y perjuicios a la empresa promotora además del descrédito internacional por desdecirse de una decisión ya tomada.
El Govern evita concretar qué factura implicaría renunciar ahora al Hard Rock. Se alega que, en ningún punto de lo que se ha negociado hasta ahora, se ha reflejado qué cantidad podría reclamar la multinacional norteamericana Hard Rock por ver truncadas sus expectativas de negocio en la Costa Daurada. Sin embargo, el viceconseller de Estrategia y Comunicación de la Generalitat, Sergi Sabrià, ha advertido de que echar hacia atrás el proyecto del complejo turístico es muy difícil y comportaría que la Generalitat pagase “compensaciones muy importantes” a las empresas privadas implicadas.
Los terrenos que están junto al parque Port Aventura son propiedad de Criteria, la sociedad inversora de La Caixa, y existe un compromiso de Hard Rock por adquirir las parcelas e invertir, en una primera fase, 700 millones de euros, que podrían alcanzar los 2.000 millones una vez finalizado todo el proyecto. Sabrià ha recalcado que la tramitación del Hard Rock “debe continuar; entre otras cosas porque, al final, es un acuerdo entre privados y a día de hoy tiene una mayoría en el Parlament”. Sobre las indemnizaciones que pueda generar el Hard Rock, Xavier Pellicer, de la CUP, señaló directamente al Ejecutivo: “Quien se ha metido en este problema es el propio Govern”. Jéssica Albiach, líder de los comunes, ha afirmado que es un proyecto “caduco” y que acerca a Cataluña al “Madrid de Ayuso”. Y ha citado todo el gasto sobrevenido que comportaría: más dinero en mossos (por el riesgo a que atraiga a mafias para el blanqueo), en salud (por las ludopatías); en sequía por el gasto en consumo de agua (calculan ocho millones de litros al día) y menos ingresos en el impuesto de juego.
En 2017, cuando era consejero de Economía y vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras defendió que el proyecto de Hard Rock era sostenible y económicamente realista, además de presentarlo como “humana y ambientalmente sostenible”. El presidente de ERC garantizó entonces que el megacomplejo de ocio, inicialmente conocido como BCN World, iba a ser “un proyecto muy diversificado” con capacidad para “complementar la oferta turística del área de Tarragona”. Esquerra mantiene ahora que el Hard Rock no es una apuesta propia, pero que Aragonès y su Govern están atados de pies y manos por los compromisos adquiridos en el pasado por anteriores Ejecutivos.
Plaja alegó este martes que el del Hard Rock es “un contrato entre privados”. Al ser preguntada expresamente sobre si el Govern mantiene contacto con la empresa promotora para conocer si sigue habiendo interés en desarrollar el proyecto, la portavoz manifestó que “se ha hablado con los sectores privados que forman parte de esta iniciativa”. No desveló detalles. “No es oportuno revelar los intereses que puedan tener las partes”, zanjó.
El proyecto Hard Rock sigue pendiente de la aprobación del Plan de Desarrollo Urbanístico (PDU) en los terrenos que quedan comprendidos entre Salou y Vila-seca. Fuentes conocedoras de la operación señalan que el redactado definitivo del PDU no será posible hasta dentro de unos meses. Con más brevedad se espera el informe medioambiental que debe concretar los protocolos que debe seguir la obra y Ercros, una química instalada en la zona cuyas instalaciones condicionan el futuro de Hard Rock, está realizando unas inversiones necesarias para revertir unos riesgos que ahora mismo condicionarían el recinto ligado al macrocasino. En septiembre de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) declaró nulo, a petición de la entidad ecologista Gepec, parte del anterior plan urbanístico. El fallo resolvía que los espacios libres y equipamientos públicos se habían proyectado en una zona de “riesgo de accidentes graves” por la cercanía del polígono petroquímico de Tarragona.
Hace casi seis años, en mayo de 2018, el Departamento de Economía adjudicó a la compañía estadounidense una licencia para instalar y explotar un megacasino en Tarragona, bajo el nombre comercial de Hard Rock Entertainment World. Fue la única pese a que había cuatro posibles autorizaciones. En ese momento, Aragonès era el número dos de la consejería. El acuerdo suponía dar por bueno el proyecto arquitectónico del complejo y se preveía una inversión inicial de 700 millones.
Como garantía, el grupo turístico y de ocio tenía que presentar un aval de 10 millones de euros, aunque después tuvo que presentar ante el Incasòl una garantía similar por la reserva del suelo donde edificar el recinto. De esa forma, la compañía tiene un derecho adquirido, lo que abriría la puerta a una vía legal para reclamar una indemnización a la Generalitat.
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