El control democrático

Mañana, 2 de mayo, el Parlamento europeo celebrará una sesión plenaria extraordinaria en la que se pronunciará sobre la lista de los Estados miembros de la Unión que accederán a la moneda única en 1999. La votación tendrá lugar tras un debate, a través del cual los ciudadanos de la Unión podrán conocer el porqué de las decisiones que tome el Consejo y la opinión de las fuerzas políticas con representación en el Parlamento europeo. Será, por lo tanto, un momento muy importante para la Unión, para su Parlamento y para sus ciudadanos.La creación de una Unión Monetaria es un gran paso hacia esa Unión «cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa», a la que se refiere en su preámbulo el Tratado de Maastricht. El euro es a la vez un medio para alcanzar este objetivo y un fin en sí mismo, ya que los retos derivados de la creciente globalización de los mercados, la interdependencia de las economías o la necesidad de aumentar nuestra competitividad nos exigen actuar en común. Al mismo tiempo, con el euro en circulación, los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión se sentirán más claramente miembros de un mismo espacio político y económico, ya que a diario palparán a Europa en sus bolsillos.

Cuando ya nada parece que pueda torcer la llegada del euro, es el momento de plantearse con detenimiento la importancia de contar con mecanismos de control democrático de la política monetaria de la Unión. Tras las grandes cifras macroeconómicas se esconden realidades mucho más cercanas a los ciudadanos: la mayor o menor bonanza económica, el desempleo, el precio del dinero..., cuestiones muy ligadas a las políticas monetarias que en cada momento se apliquen. El Parlamento europeo ha de desempeñar un papel importante en este aspecto, eso sí, a través de fórmulas respetuosas de la imprescindible independencia del Banco Central Europeo.

La intervención del Parlamento en las importantes decisiones del 2 de mayo garantizará que éstas se tomen a través de un procedimiento transparente y basado en criterios objetivos, contribuyendo con ello a aumentar la confianza de los ciudadanos en su futura moneda común. Una moneda necesita la confianza de los que la usan, y esa confianza determinará el verdadero valor del euro. Asimismo, la participación de la Eurocámara en el nombramiento de los futuros directivos del Banco Central Europeo, siguiendo un procedimiento de comparecencias de los candidatos similar al que se aplica en Estados Unidos, ofrecerá al ciudadano la posibilidad de conocer de antemano a los futuros dirigentes de la política monetaria y, lo que es más importante, sus ideas y programas.

El Tratado de la Unión Europea ya prevé reglas concretas para encauzar el diálogo entre el futuro Banco Central Europeo y el Parlamento europeo. Será bueno para todos que se establezca un diálogo continuo entre ambas instituciones y que los directivos del banco comparezcan regularmente ante el Parlamento, representante y portavoz de los ciudadanos, para explicar las decisiones importantes que en cada momento hayan debido tomar, y ello dentro del más estricto respeto a la independencia del banco, al que el Parlamento no puede ni debe dar instrucciones. En la resolución que éste aprobó el pasado día 2 de abril, ya se señalaba que el alto nivel de independencia del que va a ser el banco central «requerirá un grado análogamente de responsabilidad democrática».

Al mismo tiempo, una política monetaria común exige una mayor coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros. La estabilidad de la futura moneda no admite políticas divergentes, y por ello el Tratado de la Unión prevé sendos procedimientos de supervisión multilateral y de control del déficit excesivo. Este mismo objetivo es el que persigue el Pacto de Estabilidad y de Crecimiento firmado por los 15 Estados miembros para garantizar, si hiciera falta, que las medidas previstas en el marco de los dos procedimientos se aplican sin demora.

El tratado es, en cambio, mucho menos explícito en cuanto al control de esa coordinación de las políticas económicas. La participación del Parlamento europeo en el establecimiento de las orientaciones generales de la política económica, marco ineludible de la política económica de cada Estado miembro, se limita a la información a posteriori sobre las decisiones tomadas. Creo sinceramente que el déficit democrático en este ámbito es bastante evidente.

El Parlamento europeo tiene la obligación de controlar ese enorme poder de dirección económica que el tratado concede al Consejo de Ministros de Finanzas de la Unión y los ciudadanos van a exigir este control en cuanto sus efectos comiencen a sentirse. Las bases para ese control se encuentran en el propio Tratado de la Unión, pero hace falta desarrollarlas a través de un acuerdo en el que participen el Parlamento, el Consejo de Ministros de la Unión y la Comisión Europea.

Se trata de establecer el marco para una participación activa del Parlamento en un proceso de toma de decisiones que ha de ser tan eficaz como transparente, permitiendo un debate público y democrático de las diferentes opciones que se le planteen en cada momento a la política económica europea.

El Parlamento europeo, en cuyos debates monetarios participan y votan todos sus diputados y no únicamente los procedentes de los países que accederán a la moneda única, tiene además la importante misión de recordar que la Unión Monetaria habrá de extenderse más pronto que tarde a todos los Estados de la Comunidad y de velar para que las puertas del euro estén efectivamente abiertas a quienes por unas u otras razones no vayan a franquearlas en 1999. Para ello le corresponde garantizar que todos los ciudadanos de la Unión, a través de sus eurodiputados, participen de igual manera y con el mismo derecho tanto en el desarrollo legislativo de la Unión Monetaria como en el control democrático de las orientaciones del Consejo, así como en la información sobre las decisiones que tome el Banco Central Europeo y las motivaciones de las mismas.

En breve, la mayor parte de los países que conforman la Unión Europea iniciará un camino sin retorno hacia una integración más profunda y también más solidaria. Los efectos de esta decisión sobre el ciudadano de a pie serán directos y tangibles. Corresponde al Parlamento europeo velar porque sean, también, plenamente positivos.

José María Gil-Robles es presidente del Parlamento europeo.