Jospin impone el silencio al Gobierno francés en el "caso Dumas"

Entre las proclamas de inocencia que ejercita el procesado presidente del Consejo Constitucional francés Roland Dumas y las sospechas judiciales establecidas en torno a él, los socialistas franceses ha optado por el silencio. El primer ministro, Lionel Jospin, ha ordenado a sus ministros que se abstengan de participar en la polémica sobre si la quinta autoridad de la república debe dimitir ahora que las juezas Eva Joly y Laurence Vichniesvski se han transladado hasta la residencia de Dumas para entregarle en mano el auto de procesamiento. Aunque el nombramiento del presidente del Consejo Constitucional -memoria viviente del miterrandismo- pertenece a una etapa que los socialistas han declarado superada, el escándalo les coloca en una situación embarazosa, en la medida en que vuelve a situarles bajo la sombra del pasado. Más allá de la presunción de inocencia a la que invocan buena parte de las autoridades, incluido el presidente, Jacques Chirac, y el primer ministro, Lionel Jospin, así como el Partido Socialista, el problema político es la continuidad de Roland Dumas al frente de un cargo de tal relevancia. En sus declaraciones sobre el asunto, François Hollande, primer secretario socialista, ha dejado la decisión en manos del propio interesado, obviando el hecho de que el procesamiento por «complicidad, receptación (aprovechamiento de los frutos de un delito) y abuso de bienes públicos» contamina con la duda sobre su honradez al hombre que preside la institución.

No a la dimisión

Roland Dumas, ex ministro de Asuntos Exteriores, no parece dispuesto a dimitir. Abogado experimentado, el heredero natural del legado político de François Mitterrand libra desde el principio de la investigación un sorda batalla para tratar de entorpecer el proceso o, mejor aún, conseguir que la causa pase a manos del Tribunal de la República. Si así fuera, Dumas sólo podría ser acusado de tráfico de influencias o corrupción, delitos que sólo pueden ser juzgados en los tres años siguientes y que, por tanto, habrían prescrito hace ya cuatro. La Fiscalía de París se pronunciará el lunes sobre la competencia de las magistradas que instruyen el sumario. En el intento de que su caso pase al Tribunal de la República, Dumas no ha dudado en ofrecer a las juezas los informes de su actuación como ministro en la venta de fragatas a Taiwan, sabiendo como sabe que si Eva Jolu y Laurence Vichnievski ponen las manos en ese informe tendrían que inhibirse a favor del otro tribunal, que es el competente para enjuiciar las actuaciones de los miembros del Gobierno. Las magistradas no han mordido el anzuelo y sus investigaciones se mantienen en el terreno del trasvase de cuentas entre Roland Dumas y su amiga y colaborada Christine Deviers-Joncour, la empleada de la petrolera francesa Elf que ganó 66 millones de francos (1.650 millones de pesetas) de comisión después de que Dumas autorizara la venta de las fragatas a Taiwan.