El Gobierno negó en 1997 que las filtraciones de la mina amenazaran Doñana

La maldición tóxica que amenazará durante años el equilibrio del ecosistema de Doñana ha tenido sus incomprendidos agoreros. En enero de 1996, la Confederación Ecológica Pacifista de Andalucía (CEPA) remitió a la UE un informe en el que se señalaban filtraciones de los residuos que almacenaba la presa minera de Aznalcóllar al río Agrio, afluente del Guadiamar. «Las aguas del río Guadiamar no entran en el parque nacional de Doñana», fue la contestación de las autoridades españolas al requerimiento de la Comisión Europea.

Esta respuesta del Gobierno español, recogida en la carta remitida a la CEPA en agosto de 1997, contrasta con la importancia que concedió el pasado martes el director coordinador del Parque, Alberto Ruiz Larramendi, a las aguas de este río para la pervivencia del ecosistema: «Doñana, al no poder nutrirse ya de las aguas contaminadas del Guadiamar, recibirá mucho menos aporte hidríco». En la misma carta la Comisión Europea (CE) daba por archivado el expediente informativo que había abierto a raíz del informe de Manuel Aguilar, ex técnico de la empresa sueca Boliden Apirsa, propietaria de Minas de Aznalcóllar. En la respuesta de la CE a la queja planteada por CEPA se daban por válidos los argumentos de las «autoridades españolas» basados en un informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Las «autoridades» sí reconocían que «el aumento de la concentración de contaminantes en las zonas limítrofes de las balsas» se debía a que los residuos se filtraban y contaminaban al río. Pero las medidas adoptadas por las autoridades españolas para «prevenir cualquier tipo de filtración» y la aclaración de que la contaminación de las aguas del Guadiamar no afectaría al Parque, bastaron a los expertos de la CE.

«Es impresentable que el Gobierno español mintiera en base a un informe de la Confederación Hidrográfica», se lamentó Juan Clavero, coordinador de la CEPA, tras presentar estos datos, ayer, a los medios de comunicación en Sevilla. Clavero cargó contra todas las administraciones: «No sólo ha habido negligencia, sino que también ha habido complicidad con la empresa». El dirigente de la asociación subrayó que en los últimos años, los ecologistas «han llamado a todas las puertas posibles» para avisar de la catástrofe, «pero se han encontrado con el muro de la Administración».

El informe de la CEPA ejemplifica su particular prédica en el desierto. La denuncia de Aguilar, que trabajó como jefe de carga y transporte en la explotación hasta 1994, no sólo se trasladó a la Comisión Europea. También se presentó, el mismo mes de enero de 1996, ante el Juzgado de Instrucción número dos de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), la Agencia de Medio Ambiente y la Consejería de Industria de la Junta de Andalucía. En el escrito se afirmaba que la filtraciones de residuos almacenados en la balsa de Minas de Aznalcóllar eran debidas a la mala ejecución del recrecimiento de las paredes de la presa minera.

La empresa Boliden Apirsa elevó la cota de las paredes de los 47, 5 metros del proyecto inicial a los 64,5 metros que medían en el momento de la rotura, en la madrugada del pasado sábado. El ex empleado afirmaba en su informe que se utilizaron materiales «inadecuados» que explicaban la aparición de grietas en las paredes por las que se filtraba el agua contaminada. A pesar de la ampliación de la capacidad de la balsa, no se construyó una nueva depuradora. La existente, según el informe de Aguilar, sólo depuraba el 25% de los residuos que se trataban cada día.

En el informe presentado ayer la asociación ecologista afirma que la Consejería de Medio Ambiente desestimó un informe técnico de la Delegación Provincial en Sevilla en el que se constataba la existencia de grietas y filtraciones. Este escrito fue también invocado ayer por el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Manuel Atencia, para pedir las dimisiones de los consejeros de Medio Ambiente, José Luis Blanco, y de Trabajo e Industria, Guillermo Gutiérrez. En marzo de 1996, Medio Ambiente apoyó la denuncia de la CEPA por la contaminación de las aguas, pero actuó por el estado de la presa, que estimó era competencia de Industria.

El 10 de marzo del año pasado, el juzgado de Sanlúcar la Mayor archivaba las actuaciones por no apreciar hechos «constitutivos de ningún delito ni falta», lo que, según Clavero, evidencia la insensibilidad que hay todavía respecto al delito ecológico.