El fiscal general ve un "vacío legal" para catástrofes como la del parque de Doñana

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, aseguró ayer que la catástrofe de Doñana ha puesto de manifiesto «la existencia de un vacío legal» en la legislación medioambiental. Cardenal considera que cabe la posibilidad de modificar los requisitos «a la hora de construir presas como la de Aznalcóllar», propiedad de la empresa sueca Boliden Apirsa. Cardenal recordó que muchas veces la legislación se hace en función de las necesidades «y éstas se detectan cuando se producen hechos o acontecimientos que ponen de manifiesto la existencia de este vacío legal». El fiscal general se comprometió a estar presente en todas las actuaciones que se siguiesen tras la catástrofe de Andalucía, que está en manos del fiscal jefe de Sevilla y del encargado de los delitos de medio ambiente. Cardenal también dijo que la tarea de los fiscales «no sólo es perseguir los delitos, sino atender a los requerimientos de la sociedad». «La Fiscalía hará todo lo posible para que se conozcan las causas que dieron lugar a esa catástrofe; buscará los posibles responsables, si existen; y se exigirán no sólo responsabilidades penales, sino también las civiles que se deriven del presunto delito que se puede haber cometido».

Una ley estancada

Una ley de medio ambiente que tomara en cuenta la prevención de catástrofes ecológicas y la implantación de una red de vigilancia nacional, en coordinación con las comunidades autónomas, se ha debatido en el Congreso desde 1982, cuando el PSOE presentó una propuesta de ley que después no se concretó. El PP hizo lo mismo en 1995, al encontrar en la normativa medioambiental «graves problemas de coordinación y falta de ideas». A dos años de Gobierno del PP esta ley todavía no existe. María Teresa de Lara, portavoz del PP en la comisión de medio ambiente, aseguró que esta propuesta de ley se ha potenciado en el Ministerio de Medio Ambiente, creado por el Gobierno de Aznar, y que lo que se vive hoy en Doñana ha sido por «la dejadez de la directiva de la empresa». La diputada del PP considera que se tiene que vigilar más de cerca las industrias mineras «y exigir requisitos más fuertes» para que no se vuelva a producir algo así.

El PP proponía en 1995 adoptar sanciones, que oscilaban entre los 50 y los 200 millones de pesetas, en caso de infracciones muy graves al medio ambiente -las que causen un daño irreversible en espacios únicos, escasos o protegidos-. Además, el PP propuso sanciones accesorias, como «la clausura definitiva, total o parcial» en la empresa responsable del daño.

La portavoz de Medio Ambiente del PSOE en el Congreso, Cristina Narbona, aseguró que su grupo pedirá «una revisión inmediata de la legislación en materia de residuos y la continuación del plan de residuos peligrosos», cuya reactivación, según la diputada, «es el cauce para colaborar entre las administraciones central y autonómicas».