Delitos y faltas

EL CONSEJERO de Sanidad de la Generalitat valenciana, Joaquín Farnós, comparece hoy ante las Cortes Valencianas para explicar las causas que han provocado un brote de hepatitis C en esa comunidad. El número de personas afectadas asciende ya a 217, y el avance del contagio es suficiente como para justificar una cierta inquietud social. Todas las medidas adoptadas por el departamento de Farnós, desde las pruebas analíticas hasta los interrogatorios a más de un centenar de médicos, están encaminadas a demostrar que el foco de infección tiene su origen únicamente en la actuación de un anestesista, Juan Maeso, quien, supuestamente, es consumidor habitual de opiáceos. La obsesión de la consejería por reducir el problema a una sola persona -con muchas evidencias en su contra, pero cuya responsabilidad final deberán establecer los tribunales- contrasta con la ausencia de informaciones esenciales que podrían ayudar a esclarecer el caso. La Generalitat valenciana está informando de forma tardía, insuficiente e intranquilizadora. Con independencia de que la culpabilidad de Juan Maeso resulte probada, la ausencia de explicaciones en un asunto tan grave está restando verosimilitud a la tesis oficial. El consejero de Sanidad está obligado a explicar hoy a la opinión pública cómo ha sido posible una contaminación de esta naturaleza y qué medidas adoptará la Administración autónoma para que no se vuelva a repetir; y si existe un responsable único de la infección, qué razones tuvo para extenderla y qué procedimientos utilizó. Es decir, la Generalitat valenciana está obligada a despejar todos los interrogantes que tienen perplejos -e inquietos- a los ciudadanos.

La obligación de aclarar cómo y por qué pueden vulnerarse las normas más elementales de seguridad en la sanidad valenciana incluye, además, la de justificar de forma convincente la incapacidad de los responsables sanitarios para detectar e identificar el brote, a todas luces anómalo, de la enfermedad. El hecho de que no se tuviera conocimiento de la aparición de centenares de casos de hepatitis C en dos hospitales, uno público y otro privado, hasta que una empresa presentó una denuncia en el juzgado, confirma la ineficacia y escasa capacidad de respuesta de la consejería ante los datos procedentes de los servicios de control epidemiológico.

Casos como el de Valencia socavan gravemente la credibilidad en el sistema sanitario. El Gobierno valenciano debe comunicar también, si quiere cerrar convenientemente el caso, quién pagará el coste político de esta imperdonable negligencia; sin perjuicio, por supuesto, de las indemnizaciones que esté obligado a pagar y las sanciones, penales y pecuniarias, que correspondan por vía judicial. ¿O pretenden las autoridades públicas valencianas seguir mirando hacia otro lado?