Los oídos sordos de los políticos del medio ambiente

El desastre de Doñana exige una respuesta ciudadana firme al tiempo que merece una profunda reflexión de las administraciones, que vaya acompañada con un serio propósito de enmienda. Y digo administraciones porque en este caso han quedado implicadas absolutamente todas las administraciones habidas y por haber. La Junta de Andalucía, con competencia en materia de Medio Ambiente, por la sistemática negligencia, cuando menos, de la Consejería de Medio Ambiente ante las denuncias que, habiendo llegado a sus manos durante los últimos años, han sido sistemáticamente ignoradas o despreciadas. El Gobierno central, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, responsable directa de la gestión de las aguas, incluida la gestión de los vertidos, y que siendo conocedora de las sistemáticas fugas de alta toxicidad, multitud de veces denunciadas por la Coordinadora Ecopacifista de Andalucía (Cepa ), así como de la inseguridad de estas presas, ha legalizado situaciones que nunca debieron ser legales al tiempo que ha ignorado las «irregularidades» contaminadoras de la empresa. Tampoco se libra la judicatura que debería reflexionar autocríticamente ante el archivo de las denuncias presentadas por la Cepa ya en 1996. Incluso la Unión Europea debería meditar sobre su política de subvenciones y decir algo ante el desastre; pues Bruselas, a pesar de haber recibido información documentada del estado de las balsas y de las peligrosas filtraciones permanentes que generaban, nunca dejó de financiar a esta empresa (a través de la Junta de Andalucía), que de esta forma ha venido recibiendo un total de unos 5.000 millones de pesetas durante los últimos años. Es penoso seguir viviendo en la práctica cotidiana la experiencia de departamentos, concejalías, consejerías e incluso ministerios que, bajo el apelativo de Medio Ambiente, en lugar de ser los adalides de la defensa de nuestro patrimonio natural, dedican sus esfuerzos a desprestigiar la labor de las organizaciones ecologistas y de los técnicos y profesionales que continuamente alertamos a la sociedad sobre situaciones peligrosas o denunciamos irregularidades administrativas y transgresiones de la ley en materia ambiental. El calificativo de «catastrofistas», o la descalificación como «radicales», «extremistas» o «enemigos del progreso» están siempre dispuestos... En este caso, una vez más disponemos de un nuevo y triste ejemplo durante los últimos años: los ecologistas denunciando política, administrativa e incluso judicialmente la situación, con apoyos documentales y técnicos tan solventes como los que se derivaban de los datos aportados por el ingeniero de la propia empresa, que en 1995 alertó a las diversas administraciones respecto a los graves riesgos que existían; la empresa, Boliden Apirsa, «haciéndose la sueca» como corresponde a su naturaleza, pues, como bien es sabido, sueca es; y las diversas administraciones escondiendo sus propios análisis de calidad de aguas, que demostraban fugas sistemáticas, poniendo paños calientes en momentos tan críticos como la de la anterior rotura con vertido masivo de contaminantes en 1996, ignorando o devaluando las denuncias y, eso sí, siempre en permanente campaña de desprestigio hacia los ecologistas y los técnicos que las venían haciendo...

Curiosamente en breve se preparaba una manifestación ecologista en defensa de Doñana... Y es que mientras los políticos pasean por el mundo ostentosamente las maravillas naturales de estos entornos (todavía están frescas las imágenes del señor Aznar y el señor Blair disfrutando del paraíso natural del parque...), la Junta de Andalucía anulaba el plan de protección territorial conocido como PDTC en los térmicos municipales de Sanlúcar y Trebujena para permitir al señor Hohenlohe poner en práctica un ambicioso negocio inmobiliario en la zona...

¿Qué sentido tiene que trabajemos, por ejemplo, desde el comité MAB (Hombre y Biosfera), auspiciado por la Unesco y financiado por el Ministerio de Medio Ambiente, impulsando la declaración y protección de «reservas de la biosfera», como Doñana, si esos mismos políticos que bendicen formalmente nuestro trabajo siguen amparando y fomentando actitudes tan antiecológicas y bárbaras en su práctica real cotidiana?

En cualquier caso, tras los desastres sólo caben dos cosas: exigir responsabilidades políticas, administrativas y penales por un lado; y por otro, sobre todo, aprender, rectificar y poner los medios y las personas adecuadas para que el futuro sea mejor.

En este caso la envergadura del desastre debería hacer inevitable un proceso serio de reflexión e insoslayable la exigencia de responsabilidades; sin embargo, el hecho de que sean esta vez todas las administraciones las que están involucradas con serias responsabilidades en los acontecimientos, me hacen temer lo peor: un pacto generalizado de justificación de la catástrofe como imprevisible con la correspondiente impunidad y encubrimiento de responsabilidades...

Ante esa posibilidad tan sólo cabe la movilización ciudadana, y esperemos que esta vez la ciudadanía responsable e indignada no sea sólo la ciudadanía ecológicamente militante, sino la ciudadanía en general, y especialmente el pueblo andaluz que tiene el privilegio de acoger en su territorio tan singular joya de la naturaleza, Patrimonio de la Humanidad.