La Junta de Andalucía se niega a indemnizar porque achaca la responsabilidad a la mina

La Junta de Andalucía achacó ayer a la empresa sueca Boliden Apirsa, propietaria de la presa minera que reventó el sábado, toda la responsabilidad por la riada tóxica que ha arrasado casi 5.000 hectáreas del parque de Doñana. Según la Administración andaluza, será el juez quien determine las indemnizaciones que debe pagar la compañía minera. El fiscal de Medio Ambiente de la Audiencia de Sevilla, Arcadio Martínez, ha iniciado ya la investigación sobre los hechos.

El consejero de Medio Ambiente, José Luis Blanco, aseguró ayer que la Junta no tiene intención de indemnizar a los afectados. Para él, la solución deseable sería que la firma sueca y los agricultores damnificados llegaran a un acuerdo lo antes posible. De lo contrario, los afectados deberán esperar una resolución judicial emitida en un futuro indefinido. La empresa rehusó ayer responder a la actitud de la Junta, informa Pedro J. Valderas. Su presidente, Ander Bulow, llegó por la tarde a Sevilla para reunirse con sus técnicos e informarse de los detalles del accidente. Bulow había declarado el lunes en Estocolmo que la empresa «tiene una cobertura de seguros adecuada para afrontar lo ocurrido».

El lunes surgió una nueva polémica (EL PAÍS de ayer) debida a que la presa seguía desaguando líquido contaminado para permitir el sellado de la rotura. El consejero Blanco admitió ayer que la cantidad añadida al vertido por esa razón (menos de 10.000 metros cúbicos) era una «ridiculez» en comparación con la riada original (5 millones de metros cúbicos). El nuevo bombeo se detuvo a las 15.00 del lunes, con las roturas ya cerradas.

Tanto Blanco como el otro consejero andaluz relacionado con el caso (el de Trabajo e Industria, Guillermo Gutiérrez) manifestaron ayer su intención de poner fin al cruce de acusaciones que los Gobiernos andaluz y central venían manteniendo sobre la responsabilidad del accidente. Los dos consejeros, sin embargo, insistieron en que obran en su poder los informes favorables a la presa emitidos por el Instituto Geológico y Minero, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente.

Comisiones científicas

Pese a eludir la cuestión de las indemnizaciones, la Junta sí estableció ayer comisiones de científicos para supervisar el análisis de las aguas y evaluar los daños. También mantiene controles de consumo de aguas, frutas y hortalizas y un grupo de apoyo para asesorar a los agricultores en sus demandas de ayuda. La evaluación de los daños deberá esperar todavía unos días. Ya hay datos sobre el grado de contaminación en las zonas que no permanecen inundadas, a la altura del brazo de la Torre. La acidez allí es moderada (pH 5,5), y los metales que más abundan son los menos peligrosos (hierro, manganeso y cinc), seguidos de otros de mayor toxicidad (plomo y cobre). No se han detectado cromo ni cadmio. Pero las zonas más afectadas siguen anegadas y no se han evaluado aún los daños.

La Junta ha solicitado nuevos informes sobre las consecuencias del desastre y sobre las posibles soluciones.

José Núñez, químico, director general de la empresa Cartera Ambiental, dedicada a asesorar a las compañías sobre el tratamiento de sus residuos contaminantes, declaró ayer a este diario que este tipo de catástrofes «tiene solución, siempre que cuente con la suficiente financiación». La empresa Cartera Ambiental -participada por Rhône y Lyonnaise des Eaux-, está radicada en la localidad de Ajalvir (Madrid) y figura autorizada oficialmente para la gestión de residuos industriales.

En opinión de Núñez los primeros pasos a dar para frenar la contaminación en Doñana son «prevenir que se extienda el agua subterránea afectada a las zonas no afectadas mediante, por ejemplo, barreras verticales del subsuelo; proteger el abastecimiento de agua potable; controlar la migración del agua afectada y reducir los niveles de metales pesados».

«El tratamiento del agua contaminado y de los lodos puede llevarse a cabo mediante un tratamiento in situ ; el agua puede ser tratada de forma biológica y depurada mientras que los lodos o suelos contaminados, incluidos los laterales pueden ser inertizados y enviados a almacén de seguridad», dice Núñez al subrayar -al igual que expertos de otras empresas similares- que la experiencia en otras catástrofes ecológicas en Europa prueban que es posible una recuperación a medio plazo -entre diez y veinte años- del medio ambiente ante desastres como el sufrido en Doñana. Como ejemplo, cita la recuperación en Alemania del Rin después de que hace unos años el río sufriese los efectos letales del vertido de una industria química.

«Ahora bien, ningún país puede descontaminar cuando la descontaminación ha llegado a ciertos límites», advierte Núñez al concluir: «¿Cómo es posible que se declaren 3,5 millones de residuos peligrosos por año en España y en un solo punto hubiese almacenado más de 5 millones de metros cúbicos?»