El Gobierno japonés condenado a pagar a tres "esclavas del sexo' coreanas
Los tribunales de justicia japoneses condenaron ayer al Gobierno a pagar una compensación económica a tres mujeres coreanas que el antiguo Ejército Imperial nipón reclutó a la fuerza obligándolas a ejercer la prostitución para sus soldados. En un juicio interpuesto por un grupo de coreanas, el tribunal de Yamaguchi, al sur del país, reconoció la responsabilidad del Gobierno por no haber establecido una legislación que compense a los miles de mujeres que fueron llevadas a burdeles y puestas al servicio del ejército antes y durante la II Guerra Mundial. El juez Hideaki Chikashita estimó que «el Estado tiene la obligación de reparar los sufrimientos de esas mujeres», a las que eufemísticamente se llaman en Japón esclavas del sexo. Según los historiadores, durante la época colonial el Ejército imperial reclutó de 100.000 a 200.000 mujeres, la mayoría en la península coreana, Indonesia y Filipinas, y las envió a burdeles en los frentes de guerra para satisfacer las ansias sexuales de los soldados.
En la primera sentencia que se da al respecto y que además crea jurisprudencia, el juez indicó que «el Gobierno ilegalmente abandonó su obligación constitucional de adoptar una ley de compensaciones», pese a que en 1993 el Ejecutivo reconoció la responsabilidad de las autoridades.
Yohei Kono, ministro secretario del Gabinete hace cinco años, admitió que «en muchos casos» aquellas mujeres habían sido reclutadas a la fuerza, y que los militares japoneses y las autoridades administrativas estuvieron directamente involucradas en semejante plan.
La justicia ordenó al Gobierno al pago de 300.000 yenes (345.000 pesetas aproximadamente), a cada una de las tres surcoreanas que interpusieron el pleito en Yamaguchi, ciudad a la que eran traidas a Japón miles de personas y obligadas a trabajar a la fuerza para el ejército. Las tres mujeres, cuyas edades rondan los 80 años, y otras siete más que acusaron al Gobierno de haberlas obligado a realizar trabajos forzados, buscaban una compensación de 564 millones de yenes.
El Gobierno nipón ha mantenido hasta ahora que todas las reclamaciones fueron saldadas por los tratados siguientes a la rendición japonesa y se han negado a pagar cualquier tipo de compensación individual. En su lugar, Tokio creó en 1995 el fondo privado para las mujeres asiáticas destinado a ofrecer dos millones de yenes como ayuda a las víctimas, junto a una carta de disculpas que encontró sonadas reacciones entre los países colonizados.
