Un nuevo contrato para el bienestar

, La idea es clara y contiene elementos revolucionarios que determinarán el progreso de la new Britain a lo largo de las próximas generaciones. Y, a juzgar por sus líneas maestras, presentadas por el Gobierno, está repleto de esperanzas. Embarcado en la más ambiciosa empresa de su gestión, iniciada hace casi un año, el primer ministro laborista, Tony Blair, ha dado los primeros pasos para la reconstrucción del Estado del bienestar sobre la base de dos principios sustanciales: trabajo y seguridad. Dos ideas que parecían incompatibles.Ambos objetivos están fielmente reflejados en el programa del nuevo presupuesto, presentado por el canciller del Exchequer (responsable de la política económica del Gobierno), Gordon Brown, y que identifica nada menos que 30 metas.

Este Libro Verde, denominado Nuevas ambiciones para nuestro país. Un nuevo contrato para el bienestar, es el plan anunciado la semana pasada y que abre lo que el propio Blair ha definido como "el comienzo de un nuevo debate".

"Queremos que se discuta a lo largo y ancho del país, que sea redefinido y reelaborado antes de que publiquemos nuestras propuestas detallando los componentes individuales de la refórma", declaró Blair. Dar trabajo a los que pueden trabajar y seguridad a los que no pueden constituye la filosofía básica de. ese plan, que, contrariamente a temores iniciales, no afectará a la clase media en el grado que muchos se suponían y temían.

Uno de los pilares del plan es el llamado working families tax credit (impuesto para las familias trabajadoras), un sistema inspirado en el modelo norteamericano mediante el cual se reducen las obligaciones impositivas a miembros de la familia que trabajan. Por otro lado, ofrece protección a los minusválidos e incapacitados. El objetivo es garantizar que un trabajador a tiempo completo lleve semanalmente a su hogar un mínimo de 160 libras esterlinas (41.600 pesetas) y que nadie con salario de menos de 220 libras esterlinas (57.200 pesetas) a la semana pague impuesto sobre sus ingresos.

En un país donde hasta los extranjeros tienen derecho a reclamar beneficios, -a sus hijos, la ayuda estatal a la niñez aumentará sustancialmente y ese beneficio estará exento de impuestos. Los incentivos estatales para que las madres solteras se incorporen a la fuerza laboral y el sistema ofrezca mayor protección y seguridad a los jubilados son parte de la columna vertebral del proyecto.

La declaración oficial afirma que el nuevo presupuesto protege tanto los intereses de los pobres como los de las empresas, y la City ha aplaudido la intención de reducir en un penique los impuestos a las compañías (corporate tax) a partir del 1 de abril de 1999.

La fuerte inyección -500 millones de libras esterlinas- al Servicio Nacional de Salud, así como otros 500 millones para la mejora del transporte público y 250 millones para la educación, no hace sino afianzar la confianza en una gran reestructuración del sistema de bienestar.

Desde la aprobación del presupuesto, el Gobierno ha venido aclarando gradualmente los métodos y metas para conseguir un Estado más justo y equitativo. Así, el lunes pasado, Harriet Harman, la ministra de Bienestar Social, anunció que a partir de octubre del año 2000 se adoptarán medidas capaces de legalizar la obligatoriedad de buscar trabajo entre la gente en paro.

Para entonces, el Gobierno laborista proyecta haber creado suficientes fuentes de trabajo o entrenamiento profesional (en algunos casos con subsidios gubernamentales), así como las condiciones necesarias para reducir drásticamente la dependencia de sectores de la población en los diversos y costosos sistemas de beneficencia.

Harman puso un ejemplo: las mujeres de 25 años de edad, en el paro y sin hijos serán alentadas al trabajo mediante una serie de incentivos cuya existencia y funcionamiento de programas especializados demandarán una inversión de 60 millones de libras esterlinas. "Ello querrá decir que, por primera vez, aquellas mujeres cuyas parejas estén en el paro tendrán la obligación de conseguir empleo. Es increíble que a estas alturas se siga tratando a las mujeres como dependientes por el solo hecho de estar casadas con un hombre sin empleo", dijo la ministra.

Por otra parte, a las aproximadamente 250.000 personas que actualmente reciben beneficios por incapacidad física se les ofrecerán opciones para incorporarse, en la medida de sus posibilidades, a actividades productivas remunerables con la promesa de que en cualquier momento podrán recobrar su situación anterior en caso de que finalicen sus funciones.