La industria del tabaco, de EE UU pagará 78,4 billones a cambio de su inmunidad

La industria del tabaco ha aceptado incrementar la cantidad que pagará a la Administración de Estados Unidos a cambio de que ésta frene las demandas contra ella presentadas por los ciudadanos a causa de los perjuicios que el tabaco produce en la salud. Los 368.000 millones de dólares (57,4 billones de pesetas) pactados en junio del año pasado en un principio de acuerdo se han convertido ahora en 506.000 millones (78,4 billones; es decir, 21 billones más) en el pacto casi definitivo. Esta cantidad se repartirá en pagos que serán satisfechos a lo largo de los próximos 25 años.

El pacto aún está pendiente de su aprobación final por el Senado, y se ha venido negociando en la Comisión de Comercio de esa cámara legislativa. En esta comisión se votará el viernes, de forma que el acuerdo pueda ser aprobado o rechazado por el pleno del Senado antes del 1 de junio. Los contactos se han intensificado en los últimos días para redactar el texto final, en el que, salvo cambios de ultimísima hora, la parte relativa al dinero parece ya definida.El nuevo texto del acuerdo fija también que las autoridades sanitarias marcarán los límites permitidos de nicotina y que, a cambio, las tabacaleras tendrán la garantía de que nunca se intentará prohibir su uso en los cigarrillos. Otra ventaja obtenida por la industria en esta negociación consiste en que los 2,70 dólares (unas 400 pesetas) que cuesta una cajetilla de tabaco rubio en Estados Unidos se podrán subir 1,10 dólares (unas 165 pesetas) en los próximos 5 años. Ahí tendrán las compañías una fuente de financiación adicional para pagar a la Administración.

Los senadores más duros con las tabacaleras mantienen que una cajetilla debe costar al menos 4,5 dólares (675 pesetas) para que el precio evite la tentación a los niños y los jóvenes.

Pero la contrapartida principal para las empresas del tabaco consiste básicamente en la inmunidad legal que pondrá fin a la posibilidad de demandas contra ellas al menos en 40 de los 50 Estados (aún no se han sumado todos). Las tabacaleras han expresado en muchas ocasiones que están destinadas a la bancarrota si no consiguen frenar las demandas por los efectos del consumo de tabaco; y en último término, el acuerdo pretende que sean ellas las que paguen el dinero que la Administración invierte en las necesidades sanitarias de los fumadores.

A pesar de los avances en la negociación del acuerdo, quedan pendientes las dos cuestiones que todavía pueden bloquear el documento: no se ha fijado el límite de la inmunidad jurídica que obtendrán las tabacaleras -es decir, si una ley impedirá sólo las reclamaciones de los fumadores o si se extenderá también, por ejemplo, a los hijos de madres fumadoras-; y tampoco se ha acordado cómo y en qué plazos se repartirá entre los Estados firmantes el dinero.

En las conversaciones de los últimos días están participando representantes de la Administración sanitaria y de la Casa Blanca. El presidente de la comisión de comercio, John McCain, dijo en un comunicado que el texto que actualmente se discute es sólo "la base para el largo debate que queda por delante".

De todas formas, el futuro acuerdo sigue siendo criticado por ambas partes: las compañías de tabaco lo consideran demasiado oneroso y las autoridades sanitarias piensan que no servirá para limitar el consumo entre los jóvenes. A este respecto, el proyecto de ley que se prepara incluye un apartado que fija multas de millones de dólares para las compañías que no acaten las normas publicitarias que prohibirán cualquier tipo de campaña destinada a los adolescentes.

El acuerdo concede también indemnizaciones a los dueños delantaciones de tabaco que sufran los efectos de las nuevas restricciones.

Uno de los puntos resueltos es el papel que se concede a las autoridades sanitarias para imponer y vigilar el límite de nicotina permitido en el tabaco. Como contrapartida, las compañías reciben la garantía de que la nicotina no será prohibida en Estados Unidos, una posibilidad que había llegado a circular en algunos momentos del debate. El texto establece que cualquier modificación en los niveles de nicotina o en los productos utilizados en la elaboración del tabaco deberá contar con una notificación previa del presidente al Congreso ara que esta cámara decida sobre la propuesta, guardando siempre un plazo de dos años entre la medida y su posible aplicación.

Queda también por resolver otro de los aspectos fundamentaes: el reparto del dinero que pagarán las tabacaleras a cambio e la promesa de "tranquilidad legal". El documento del acuerdo prevé en su redacción actual una sola posibilidad: que el dinero sea repartido proporcionalente entre los Estados firmantes y destinado exclusivamente a cubrir gastos médicos derivados el consumo de tabaco. Esto plantea dos problemas: no se aclara en qué proporciones se repartirá el dinero entre los 40 Estados y tampoco se refleja la "sugerencia" de la Casa Blanca para que ese dinero se pueda emplear en cualquier mejora social (el presidente Bill Clinton llegó a hablar de "construir más escuelas").

El acuerdo contiene asimismo otras medidas con suficiente cara de polémica como para retratar la votación final. El borrador del proyecto de ley establece por ejemplo la obligación de que las compañías de tabaco depositen n un organismo de la Administración todos los documentos internos, lo que incluye encuestas y planes de comercialización. Por otro lado, el texto habla e la creación de un "programa de control internacional'' para asegurar que las empresas tabacaleras no hagan en otros países lo que esté prohibido en Estados Unidos.