El Gobierno convoca casi 5.000 plazas de empleo público

El Consejo de Ministros aprobó ayer la convocatoria de 4.949 plazas de nuevo ingreso en la Administración incluidas en la Oferta de Empleo Público para 1998. Esta cifra no alcanza el 25% de la tasa de bajas previstas para este año, como disponía la Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales de 1998. Se mantiene así, según el Gobierno,la política de contención del gasto público.Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ofrecerán 2.800 de las nuevas plazas, mientras que 439 corresponden a Entidades Públicas Empresariales y Entes Públicas y el resto, 1.710, al ámbito adicional de la Oferta Pública Empleo. Además, se convocarán 9.200 plazas de consolidación de empleo temporal y 1.600 promoción interna.

El Gobierno también acordó remitir al Consejo de Estado el Anteproyecto de Ley del Estatuto Básico de la Función Pública, para que este órgano emita un informe, tras lo cual se aprobará Proyecto de Ley para enviarlo a las Cortes. El nuevo texto plantea la transformación de la Administración y establece, según el Gobierno, una organización más flexible, mejora las políticas de personal, incentiva la carrera profesional de los funcionarios y pretende conseguir un modelo homogéneo de la función pública. Una vez que se apruebe el Estatuto Básico, tanto el Estado como las comunidades autónomas tendrán que elaborar su propia Ley Función Pública.

El Consejo de Ministros estableció la protección social para 250.000 empleados a tiempo parcial (véase la página 52).

Extradiciones

Por otra parte, se decidió continuar el procedimiento de extradición de los etarras Idoya Martínez García y de Francisco Javier Gallaga Ruiz por el delito de pertenencia a banda armada.Igualmente se aprobó el Estatuto que regirá el Instituto para la reestructuración de la minería del carbón y desarrollo alternativo de las comarcas mineras, con lo que se da el espaldarazo definitivo a las políticas para garantizar la viabilidad futura de las zonas mineras.

Se aprobó la concesión de ayudas económicas a los armadores y tripulantes de buques pesqueros que faenan al amparo del acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos. Con ellas, se trata de paliar las consecuencias de la paralización de la flota durante marzo y abril por el reposo biológico. Los tripulantes recibirán 105.000 pesetas al mes, mientras que a los armadores se les abonará el importe de las cuotas empresariales que corresponden al periodo de inactividad.

El Gobierno nombró ayer Director de la Agencia de Protección de Datos a Juan Manuel Fernández López (que era vicepresidente del Tribunal de la Competencia) y a Pablo Bravo Lozano, Comisario de la Sección Española en la Exposición Internacional de Hannover 2000.