Educación autoriza que los centros puedan seleccionar alumnos por el expediente

Los institutos y colegios públicos y concertados podrán tener en cuenta el expediente académico de los alumnos que soliciten matricularse en ellos el curso que viene. Así consta en un escrito enviado por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) a los directores provinciales de Educación en las nueve comunidades administradas por el departamento que dirige Esperanza Aguirre. El caso es excepcional: nunca antes lo había autorizado expresamente el Gobierno y ningún Ejecutivo autónomo con plenas competencias educativas concede valor alguno a las notas en la admisión de alumnos.El real decreto de admisión -que el Gobierno aprobó el 14 de marzo de 1997- no contiene referencias expresas al expediente, pero se distancia claramente del rendimiento académico como criterio de selección al estipular que "no podrá condicionarse" la admisión "al resultado de pruebas o exámenes". Además, durante la agitada tramitación del decreto, y al calor de las acusaciones de que el ministerio propiciaba la selección de alumnos formuladas por diversos sectores de la comunidad educativa, los responsables del departamento garantizaron que los historiales académicos no se tendrían en cuenta.

Por el contrario, en la comunicación del ministerio, que fue enviada el pasado día 4, se incluyen "Ias calificaciones académicas obtenidas por el alumno en niveles educativos anteriores" como uno de los criterios por el que los centros pueden atribuir el punto discrecional o de libre asignación que en el baremo de admisión se les reconoce para los casos de empate entre los aspirantes.

Con la normativa actual, los empates son más frecuentes que antes, ya que el ministerio ha devaluado la importancia de la cercanía del domicilio al centro, que durante el mandato socialista era el fundamental, hasta el punto de que en algunas ciudades se ha implantado la zona única". De esta forma, el Valor del punto de libre asignación es crucial en los centros más cotizados los que tienen más demanda que plazas disponibles.

El texto contiene una afirmación que previsiblemente provocará una fuerte controversia: se califica de "ilícita" la decisión de no aplicar el punto discrecional que numerosos centros públicos han adoptado con el fin de expresar su rechazo a una norma que tildan de discriminadora. El ministerio considera que esa decisión de no asignar el punto es "contraria al propio espíritu del real decreto". Según los datos de la confederación de padres CEAPA, el 80% de los colegios públicos renunció el año pasado al punto discrecional.

El real decreto dice literalmente que el punto debe concederse por "otra circunstancia relevante apreciada justificadamente por el órgano competente del centro, de acuerdo con criterios objetivos que deberán ser hechos públicos por los centros con anterioridad al inicio del proceso de admisión". El plazo de preinscripción en centros financiados con fondos públicos (concertados y públicos) se abre el 15 de abril y se cierra el 7 de mayo.

El reciente escrito del ministerio a las direcciones provinciales ha sido elaborado "a la vista de la diversidad de interpretaciones dadas al citado precepto" y tras una consulta a los servicios jurídicos del ministerio. Su contenido ha sido dado a conocer por el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STES), que lo rechaza de plano.

En el texto se concretan los criterios por los que los centros pueden otorgar el punto discrecional: tener buenas calificaciones académicas; haber estudiado en el centro, aunque sea en niveles no concertados; haber solicitado el centro como primera opción, y residir en una zona próxima al centro distinta de la de influencia directa y las limítrofes.

Por el contrario, no se otorgará un punto extra por ser hijo o pariente de los profesores, empleados o antiguos alumnos del centro, ni tampoco de funcionarios del ministerio.

Augusto Serrano, portavoz del STES, considera que se provocará "un efecto perverso de la libertad de elección, que ahora se convertirá justo en lo contrario, ya que los centros podrán seleccionar a los alumnos por sus notas". Este sindicato se propone pedir a los centros que continúen sin aplicar el punto discrecional y exigirá al MEC la retirada de la norma.

Desobediencia civil

Comisiones Obreras se plantea también solicitar a los centros una especie de "desobediencia civil" con el fin de que no se asigne el punto a ninguno de los aspirantes. Su responsable de enseñanza, Fernando Lezcano, afirma que el documento del ministerio es "coercitivo" y considera "intolerable" que se prime el expediente en la admisión de alumnos, lo que "desmiente las declaraciones oficiales del año pasado e introduce un peligroso sesgo de discriminación académica".El presidente de la CEAPA, Carlos Ladrón de Guevara, advierte que la iniciativa "puede condenar a los centros públicos que acogen a todos los alumnos a recoger los peores expedientes, lo que constituiría una discriminación".

Las comunidades en las que deberá aplicarse la norma del ministerio son Asturias, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Madrid y Murcia. Baleares se rige por el mismo real decreto, pero, al haber asumido las competencias el 1 de enero, no se verá afectada por la comunicación posterior del MEC. Además, en los próximos meses promulgará su propio decreto de admisión.