Las cosas de Palacio

LA PROPUESTA de la Comisión Europea para el aceite de oliva no es un punto de partida aceptable para España. Se entiende la ira de los olivareros, aunque quizá la forma de expresarla no haya sido la más eficaz para convencer a los comisarios. La proposición de la Comisión Europea podría dar como resultado una legalización del fraude en la producción italiana penalizando a España. La iniciativa fija un tope de producción de 625.000 toneladas anuales, cuando, salvo en los años de sequía, nuestro país puede producir un tercio más. Difícil punto de partida para una negociación que se anuncia cuesta arriba, no sólo por la propuesta del comisario Fischler -que ayer hizo suya la Comisión Europea-, sino, sobre todo, por la nefasta situación en que se ha colocado la ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, y su equipo.La ministra, ejerciendo el peor populismo, ha encabezado manifestaciones, o se ha sumado a ellas -como pretendió ayer en Madrid-, contra la Comisión, pero, sobre todo, ha cometido errores de bulto: en una cuestión que, eventualmente, ha de aprobarse por mayoría cualificada, ha logrado que España quedara aislada, sin poder conformar una minoría de bloqueo con los que hubieran sido sus socios naturales en la materia: Italia -que ve más satisfechas sus demandas-, Portugal -que se ha escudado tras España para ir aumentando su propia cuota-, Grecia y Francia. Ha fallado la política de alianzas y sigue fallando la política de personal en la Comisión Europea: los italianos pesan mucho en el gabinete de Fischler. Peor, ni adredeLa conformación de paquetes de cuestiones a resolver de modo conjunto es sumamente importante cuando España tiene tantos frentes abiertos. Sólo en agricultura, además del olivar, se anuncia la reforma de las ayudas al vino y la negociación de una cuota de producción láctea para un país, como España, que es importador de leche. Aunque España ha de defender las ayudas a la producción mediterránea, tanto o más debe preservar las destinadas a la agricultura continental (cereales, carne de vacuno, lácteos). España recibe del Fondo Europeo de Garantía Agrícola 800.000 millones de pesetas al año. De ellos, 550.000 millones van a productos continentales; 160.000 millones, al aceite, y el resto, es decir, poco, a otros productos mediterráneos. La reforma de la Política Agrícola Común que propugna Fischler no va a pasar fácilmente. Van a ponerse enfrente no sólo los olivareros españoles, sino casi todos los agricultores europeos. Pero no resulta lógico regatear un dinero para el aceite cuando el peso de los grandes cultivos continentales pasará de absorber el 60% de los fondos de garantía agrícola en el año 2000 a no menos del 68% en el 2006.

Frente al fuste torcido del olivar, el Gobierno ha forzado al comisario Marcelino Oreja a representar un papel que no le correspondía, al afirmar en público que iba a defender los intereses españoles. Los comisarios sirven a menudo los intereses de su país de origen, pero con sutilezas, graduaciones, matices. Es legítimo también que Aznar presionara al presidente de la Comisión Europea, pero no parece diplomáticamente adecuado que lo aireara. El empeño del Gobierno en propagar que defiende con arrojo los intereses españoles produce aspavientos, no resultados. Manca finezza.

Las amenazas de vetar la nueva financiación de la UE para el periodo 2000-2006 -que ha de aprobarse por unanimidad- no parecen sensatas teniendo en cuenta los intereses generales de nuestro país, pues en este terreno España está en una posición de demandante -¿de pedigüeño, diría ahora también Aznar?- cuando recibe de la UE un saldo equivalente a casi el 2% del PIB. Menos aún cuando las propuestas en materia de financiación de la Comisión -también aprobadas ayer- responden mejor, aunque no totalmente, a los intereses españoles. Se mantienen las partidas de fondos estructurales y del fondo de cohesión. Por este último concepto la cantidad es ligeramente superior a la ayuda al olivar.

El Gobierno puede y debe recomponer su política y sus alianzas europeas ante la negociación difícil y larga en el Consejo de Ministros. De otro modo, corre el riesgo de que el brillo de la entrada en el euro el próximo mes de mayo se vea deslucido por estas batallas mal llevadas. La postura española ganaría mucho peso si, además, volviera a recuperarse el consenso político interno en estas materias. Mientras tanto, y a la luz de lo sucedido ayer, no cabe más remedio que dar la razón a quienes afirman que el papel de nuestro país en Bruselas ha decaído a niveles alarmantes de influencia, desconocidos desde nuestra entrada en la Comunidad Europea.