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Un 15% de diferencia en el precio

La diferencia entre lo que pagan como media los alumnos por cada crédito en las universidades públicas llega a ser de un 15%. Entre comunidades como Baleares y Andalucía, la diferencia llega al 23% en las carreras más experimentales. Son datos de un informe sobre la participación del usuario en la financiación de la enseñanza pública universitaria realizado por Juan Hernández Armenteros y Fernando Valverde, ambos de la Universidad de Jaén.La diversidad de precios comenzó cuando se configuró el sistema universitario español, con 17 subsistemas. Pero otra causa de la desigualdad ha sido la división de las titulaciones en siete niveles de experimentalidad.

"Los precios de las matrículas del curso 1996-1997 para las diferentes titulaciones pueden ser calificados, cuando menos, de diversos, dispares y hasta artificiosos", dice Hernández Armenteros.

Si se observan las medias de lo que pagan los alumnos por crédito en las primeras matrículas obtenemos que a algunos universitarios les puede costar hasta 322 pesetas más cada uno de esos créditos, según la comunidad en la que estudien.

La matrícula más barata de media es la de la Comunidad Valenciana (1.150 pesetas por crédito) y la que sale más cara es la de las universidades navarras (1.472 pesetas).

El crédito más barato de las carreras con mayor grado de experimentalidad (grado 1) lo tienen los alumnos de Andalucía (1.260 pesetas), seguidos de los valencianos (1.397) y los canarios (1.434). Las más caras corresponden a los universitarios en Baleares (1.726 pesetas) y en Aragón (1.714).

El crédito medio más caro para las terceras y sucesivas matrículas es el de Baleares (3.066), seguido de Aragón (3.046). El más económico es el de los centros de la Comunidad Valenciana (1.437), Canarias (1.504) y Galicia (1.591).

Los créditos más caros para las terceras matrículas de grado de experimentalidad 1 son los de Baleares (3.682 pesetas) y Aragón (3.658), y los más baratos, los de Canarias (1.721) y la Comunidad Valenciana (1.746).

Esta realidad, en opinión de los investigadores, demuestra la necesidad de establecer un marco general para regular el comportamiento de financiación de las universidades públicas, con el fin de que las diferencias de precio entre comunidades no se amplíen año tras año y que los recursos de los que disponen sean homogéneos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 10 de marzo de 1998