Algo se mueve en el empleo de discapacitados

Un año más las cifras denuncian la grave situación del empleo de las personas con discapacidad en España. Según los últimos datos oficiales, de los más de 700.000 contratos indefinidos registrados en el Inem el pasado año tan sólo 5.700, exactamente 5.725, correspondieron a contratos fijos de trabajadores discapacitados, lo que representa un exiguo 0,8% del total.La absoluta irrelevancia de esta cifra cobra, por contraste, su auténtica dimensión si la ponemos en relación con la tasa de paro del sector de la discapacidad, tres veces superior a la de la población general, o con el número de demandantes de empleo discapacitados, nada menos que 400.000, calculado por el Consejo Económico y Social en un informe de 1995.

A este ritmo de creación de empleo, los minusválidos que ahora mismo quieren y pueden trabajar no tendrían un empleo sino hasta pasados casi setenta años.

Estas pírricas cifras siguen dándose, por paradójico que parezca, en un año 1997 que ha supuesto un giro, si no radical sí muy apreciable, en las políticas de empleo para minusválidos. Hacía mucho tiempo que no se producía el cúmulo de hechos y circunstancias favorables que han ocurrido durante 1997 en este ámbito. Tan favorables o, al menos tan oportunas, que sin pecar de optimismo nos autorizan a hablar de un cambio de marco y estructuras que, lenta pero inexorablemente, nos irá deparando resultados más alentadores.

La nómina de los hechos destacables comienza, sin duda, con un cambio normativo, que aún a riesgo de parecer lejano y meramente formal, está llamado a tener una importancia enorme en los años próximos. Me estoy refiriendo a la inclusión gracias, muy señaladamente, a la labor de los discapacitados españoles; del Gobierno, que se hizo eco de sus propuestas, y del comisario Marcelino Oreja, de la cláusula antidiscriminatoria en los nuevos tratados de la Unión Europea surgidos de la Cumbre de Amsterdam.

Por vez primera, la Unión Europea, tan ajena históricamente a las cuestiones sociales, consagra en sus normas máximas la protección jurídica de las personas con discapacidad contra cualquier forma de discriminación. El segundo hecho reseñable del año vino también en Europa. La Cumbre de Luxemburgo sobre empleo, a propuesta del Gobierno español, cerraba el círculo al recoger entre sus conclusiones la recomendación a los Estados miembros de prestar una especial atención a las políticas de empleo a favor de un grupo social tan severamente excluido como el de las personas con discapacidad.

Si la actividad en el ámbito de la Unión Europea ha sido considerable, no ha sido menor en España, donde, gracias a la receptividad del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y de todo su equipo de colaboradores, la comprensión de los agentes sociales (sindicatos y empresarios), que están empezando a considerar como cosa propia la cuestión del empleo de discapacitados, la disposición favorable de las comunidades autónomas y la capacidad de propuesta, negociación y compromiso de los minusválidos españoles agrupados en torno al Comité Español de Representantes de Minusválidos (CERMI), que han dado muestras de rigor, seriedad y madurez, se ha avanzado sustancialmente en las políticas de empleo a favor de las personas con discapacidad.

Y no se trata de un avance meramente coyuntural fruto de unas circunstancias tan propicias como transitorias, sino de un cambio, esperemos que definitivo, de marco y de escenario. En lo que a empleo de discapacitados se refiere, las cosas ya no podrán seguir siendo iguales.

Los jalones del año 1997 son numerosos. Los primeros pasos en esta dirección vinieron de la mano de los acuerdos de abril para la reforma laboral negociados entre los agentes sociales y el Gobierno, con su posterior desarrollo legislativo que, en relación con los discapacitados, los amplió y mejoró.

Meses más tarde, concretamente en septiembre, el Programa Plurianual de Empleo del Reino de España, elaborado por el Gobierno a instancias de la Comisión Europea, incorporaba un capítulo específico sobre empleo de discapacitados, en el que se recogían buena parte de las demandas formuladas por el sector. Al mes siguiente, en octubre, el Consejo de ministros aprobaba -y se trata de un hecho sin precedentes en nuestro país un plan de medidas urgentes para la promoción del empleo de los discapacitados.

Por primera vez, el Gobierno de la nación aprobaba un plan de empleo para un colectivo específico, en -este caso el de los minusválidos, que partía de una propuesta de los representantes de los minusválidos y que había sido negociado con el propio sector.

La coyuntura, tras años de inercia y atonía, que nos ha abocado a la triste situación de paro y falta de expectativas laborales que describía al principio, es, pues, sumamente favorable.

Contamos con el marco normativo, tanto a escala comunitaria como nacional, adecuado hasta el punto de que los minusválidos son hoy el colectivo mejor situado en lo que se refiere a incentivos y ayudas.

Se dan las condiciones objetivas para un cambio profundo y significativo, que abra el mundo del trabajo, puerta de acceso a una vida social plena, a las personas con discapacidad. ¿Por qué entonces avanzamos tan lentamente en lo que a empleo se refiere?

La realidad ha demostrado, con gran sorpresa para algunos que todavía no acaban de asumirlo, que el crecimiento económico y el control de los principales indicadores no se traduce forzosamente en empleo y, menos aún para favorecer a un colectivo tan desfavorecido como el de los minusválidos.

El crecimiento económico es una condición necesaria, pero no suficiente, a la hora de crear empleo, especialmente cuando se trata de discapacitados.

Ahora más que nunca es preciso que los poderes públicos redoblen sus esfuerzos y aun en las iniciativas de todos los que tienen algo que decir en este campo, que son muchos, para con decisión y firmeza avanzar sostenidamente en la integración laboral y social de los discapacitados. De lo contrario, estaremos condenando, aun sin quererlo, a la exclusión laboral y a la marginación social a un número considerable de ciudadanos por el mero hecho de ser diferentes.