Una patronal dice que perdió 3.500 millones por el fraude de gasolina

La Asociación Madrileña de Movimientos de Tierras (Aemat), cuyas empresas se dedican a trasladar los escombros de las obras a vertederos, denunció ayer que la negligencia en las inspecciones de gasolineras les ha ocasionado pérdidas próximas a los 3.500 millones de pesetas en los últimos 15 años.

Carlos González, presidente de Aemat, reveló en su comparecencia ante la comisión parlamentaria que investiga el presunto fraude en el suministro de combustible que su asociación se ha personado como acusación particular en este caso.

"Hemos denunciado hasta 23 casos por presunto fraude en el suministro", señaló González a los diputados autonómicos. "En 400 litros que caben en nuestros camiones, la variación entre una gasolinera y otra podía llegar a los 20 o 30 litros. Nos resultaba muy sospechoso pero no teníamos medios para descubrir ese fraude", añadió.

Los asociados de Aemat están rescatando facturas de combustible comprado en las gasolineras denunciadas por presunto fraude para entregarlas al juzgado que instruye la investigación. González explicó que muchos de los asociados de Aemat han descubierto por distintas regiones que algunas gasolineras compraban combustible de contrabando y lo mezclaban con la gasolina de su suministrador oficial.

El presidente de Aemat solicitó la dimisión del director general de Industria de la Comunidad de Madrid, Leopoldo del Pino, por su falta de diligencia en el descubrimiento del fraude.

También compareció en la Asamblea de Madrid el presidente de Aenor (Asociación Española de Normalización y Certificación) para aclarar que los aparatos surtidores de gasolineras no se someten a ningún control de certificación de su compañía porque ni los empresarios ni los usuarios ni la administración lo han solicitado nunca.

Nueve gasolineras cerradas

La Comunidad de Madrid puso en marcha una campana de inspección masiva de estaciones de servicio el 16 de enero, cinco días después de la denuncia de la Organización de Consumidores y Usuarios, que descubrió una variación de entre el 4% y el 7% entre el combustible suministrado y el cobrado por algunas gasolineras propiedad de Francisco Javier Villanueva y asociados. Tras la inspección regional, la consejería de Economía resolvió cerrar nueve gasolineras (de las que cinco correspondían al grupo Villanueva), precintó 64 postes y 248 mangueras y abrió expediente sancionador a 59 establecimientos.Algunas de las gasolineras cerradas habían sido denunciadas por particulares en los últimos tres años. Los inspectores regionales no encontraron ningún problema al hacer las mediciones. La dirección de Consumo archivó las reclamaciones de los usuarios.