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Las comunidades Autónomas y la Unión Europea: un reto

Desde sus comienzos, el proceso de la construcción de la Europa unida se ha visto no sólo como una unión entre Estados, sino también como una asociación entre pueblos, de manera que el espacio común que se va generando -eso que se ha venido a llamar la soberanía compartida- no pertenece exactamente a la política internacional, sino más bien a la política interna, tal como reconocía el Tribunal Constitucional al aprobar la legitimidad de las comunidades autónomas (CC AA) para montar sus oficinas en Bruselas.Ese espacio común se va agrandando cada día. Si en un comienzo, en la época de las comunidades económicas, abarcaba temas como agricultura, pesca, transporte, etcétera, tras el Tratado de la Unión (1987) y de Maastricht (1993) se amplió a temas como educación, cultura, protección de los consumidores, industria, medio ambiente, investigación, etcétera; el Tratado de Amsterdam (1997) extendió este campo competencial a materias como el empleo, la política social, la cooperación judicial y policial, etcétera. De modo que actualmente la normativa europea afecta prácticamente a todas las materias que son competencias del Estado.

En un país autonómico como España, estas competencias no sólo pertenecen a la Administración central, sino también a las comunidades autónomas. De hecho, salvo la auto organización de las propias comunidades, la normativa europea afecta a todas las materias que son competencias de las comunidades autónomas.

Por otra parte, el Estado español está dejando de ser un Estado de las autonomías para ser un Estado autonómico, y no se trata solamente de un mero cambio semántico. Si hace veinte años junto al viejo Estado centralista se fueron erigiendo unas comunidades autónomas en un proceso abierto, que nadie sabía exactamente cómo se iba a configurar (porque la Constitución dejaba este tema completamente abierto), actualmente es fácil percibir que se está convirtiendo en un sistema federal sui géneris en el que todas las comunidades autónomas que hayan accedido a su autogobierno por la vía del artículo 151 o el 143, tienen las mismas competencias, particularmente desde la puesta en vigor del pacto autonómico de 1992 firmado por el PSOE y el PP, y sobre todo si durante el año actual se transfiere la educación a las comunidades autónomas del 143, con lo que se doblará el presupuesto de las mismas. Este proceso no sólo no ha ido contra los hechos di ferenciales originados por la insularidad, la existencia de lengua o la autonomía fiscal derivada de la foralidad, sino que, por el contrario, cuando se ha desarrollado el pacto autonómico han empezado a desaparecer los recelos sobre los hechos diferenciales.

Así las cosas, la construcción europea ya no afecta solamente a unas pocas comunidades autónomas que tienen competencias singulares, sino que incide sobre el propio núcleo del sistema autonómico, en la medida en que, prácticamente, afecta a todas y a todas sus competencias; por lo que la forma de resolver la participación de las comunidades en la construcción europea puede determinar la evolución del sistema autonómico español.

Hasta el presente, el proceso de apertura de la participación de las CC AA en la Unión Europea se ha caracterizado por el pragmatismo, y poco a podo se han ido creando conferencias sectoriales, la figura del consejero para Asuntos Autonómicos en la representación permanente de España, la participación de las CC AA en la delegación española en los comités de la Comisión Europea, y finalmente (merced al acuerdo del 4 de marzo en la comisión mixta para temas relacionados con la Unión Europea) la presencia de las CC AA también en la delegación española en el Consejo de Ministros de la Unión Europea.

La manera como ha incidido este proceso en el sistema autonómico español sólo puede caracterizarse como sumamente positiva.

Una de las lagunas más llamativas de la Constitución Española es que no contempla la posibilidad de colaboración entre las comunidades autónomas, y ello es debido a que los constituyentes contemplaban este tema con tanto recelo que dispusieron que los convenios firmados entre ellas necesitaran de la posterior aprobación por parte del Senado. El propio proceso de transferencias de la Administración central a las CC AA se pone en marcha a través de comisiones mixtas del Gobierno central y de cada una de las CC AA.

La necesidad de participar en la configuración de la voluntad del Estado ante los temas europeos sobre materias en las que las CC AA tienen competencias ha sido uno de los motores más importantes para impulsar la necesaria colaboración entre ellas a través de las conferencias sectoriales.

La posibilidad de participación de la delegación española en el Consejo de Ministros de la Unión Europea es, sobre todo, un reto. Para que pueda ser operativa algún día será preciso que la colaboración entre las CC AA sea mucho más estrecha de lo que es actualmente, así como que exista una emulación para demostrar cuál es la que mejor puede defender no los intereses de su propia comunidad autónoma, sino las del conjunto de ellas sobre determinadas materias. Porque si los representantes de las islas Canarias van a participar en los debates cuando se trate el tema del plátano, o los de la cornisa cantábrica el de la pesca, tendrán que defender, bajo la dirección del responsable de la delegación es-

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pañola, no sólo los intereses de los productores, sino también los de los consumidores, en el marco más amplio de la estrategia de defensa de los intereses generales de España y de la propia Unión Europea.

La participación de las CC AA en la construcción europea no se puede ver como una injerencia en las competencias de la Administración central en materia de política exte rior, o como un ataque de los nacionalismos para arrebatar a pedazos al Estado su soberanía, sino como un reto cuya so lución satisfactoria sólo puede lograrse si en las materias exclusivas cuyas competencias son compartidas por todas se desarrollan mecanismos de solidaridad en un sentido abiertamente federal. De manera que el proceso resulte positivo para racionalizar el sistema autonómico y tener un modelo de funcionamiento mucho más claro, para que el autogobierno de todas las CC AA esté plenamente garantizado y no al albur de resultados electorales o de pactos de gobernabilidad que mezclan sistemáticamente la esfera de la colaboración parlamentaria entre fuerzas nacionalistas con el Gobierno central y el marco de la cooperación entre el Gobierno central y los autonómicos. Lo que genera la falsa imagen de que el autogobierno de las CC AA sólo se garantiza por medio de partidos nacionalistas que tengan capacidad de presión y de pacto en las Cortes Generales.

Todo ello se complementa con las conferencias bilaterales entre el Gobierno central y aquellas CC AA que tengan hechos diferenciales que les legitiman para participar en la construcción europea en materias sobre las que la mayoría de CC AA carecen de competencias.

Mario Onaindía es diputado por el PSE-PSOE.

* Este artículo apareció en la edición impresa del lunes, 09 de marzo de 1998.

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