Siempre jugando a la contra

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha mantenido una permanente actitud contra las investigaciones sobre los desparecidos españoles tanto en Chile como en Argentina. Cuando en diciembre del año pasado la Junta de Fiscales de Sala se pronunció mayoritariamente contra las actuaciones de los jueces españoles —siete en contra, cuatro a favor y tres abstenciones—, ya tenía encima de la mesa el informe del fiscal jefe de la Audiencia, Eduardo Fungairiño, contrario a las investigaciones.

Su informe con la referencia a los propósitos de los militares argentinos, que, según Fungairiño, "no pretendían sino la sustitución temporal del orden constitucional establecido", provocó una tormenta política y el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, se vio obligado a lanzar las más encendidas proclamas de su fe democrática y de su repudio a las dictaduras en el Congreso de los Diputados.

Las investigaciones del magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García- Castellón inquietaron profundamente en los círculos chilenos cercanos al ex dictador Augusto Pinochet. Tanto como para que el 3 de octubre pasado el auditor general del Ejército chileno, Fernando Torres Silva, compareciera voluntariamente ante García-Castellón con el propósito de que éste cerrase la causa.

El propio Fungairiño se entrevistó el año pasado con Sergio Pizarro, que acababa de llegar a Madrid como embajador de Chile. Antes, Fungairiño concedió una entrevista al diario chileno El Mercurio, estrechamente ligado a los intereses de Pinochet, en la que defendió la incompetencia de los tribunales españoles y anunció que la Fiscalía se opondría a las actuaciones del juez.

Guerra entre fiscales

La querella contra Pinochet la presentó la Unión Progresista de Fiscales el 25 de julio de 1996 y el año pasado, en la sesión de apertura del año judicial, el propio Cardenal recordó que hubo un "dictamen favorable de la Fiscalía" para iniciar la instrucción de diligencias por los crímenes cometidos por la dictadura chilena entre 1973 y 1990. En enero de este año, la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado emitió un informe en el que admitía la investigación de los crímenes cometidos por la dictadura chilena, pero sólo a partir de 1985, fecha de la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que, según la Fiscalía, introduce la competencia de los tribunales españoles para supuestos de terrorismo, aunque hayan sucedido fuera de nuestro país.