La fiscalía pide a Cardenal que la Audiencia no siga investigando el sumario de Chile

La fiscalía de la Audiencia Nacional ha elevado al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, un informe en el que solicita la conclusión del sumario que instruye el juez Manuel García-Castellón por presuntos delitos de terrorismo y genocidio practicados en Chile durante el régimen de Augusto Pinochet. Fuentes jurídicas dijeron que Cardenal decidirá en unos días. La competencia de cerrar esta investigación corresponde a la Sala de lo Penal.

El escrito elevado recuerda el informe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado de primeros de 1998 en el que se abordaba la competencia de la jurisdicción española para los delitos de terrorismo y genocidio en Argentina y Chile.El citado trabajo propugnaba el archivo de la investigación sumarial del juez Baltasar Garzón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, sobre los desaparecidos y víctimas de las acciones armadas antes, durante y después de la dictadura militar en Argentina del general Jorge Rafael Videla. Asimismo, aceptaba la continuidad de las diligencias del juez Manuel García-Castellón, titular del Juzgado Central número 6, en el caso de Chile, siempre que fueran por delitos de terrorismo posteriores a 1985.

La fiscalía de la Audiencia Nacional, en su nuevo informe, señala que ha recibido recientemente contestación a su petición de datos e informaciones a las autoridades de Chile sobre causas abiertas en el país andino sobre hechos de terrorismo y/o genocidio, ley de amnistía y otros.

El Gobierno chileno rechazó una comisión rogatoria enviada por García-Castellón para conocer la situación descrita. Pero en su respuesta sugirió que se solicitaran los datos a través de conductos políticos. La Fiscalía los pidió a la Embajada de Chile en Madrid. Ahora, el Ministerio de Asuntos Exteriores español ha canalizado la información procedente de las autoridades chilenas.

Según los datos proporcionados, existen dos querellas admitidas a trámite en Chile por delitos de terrorismo y genocidio, interpuestas por dos mujeres. Una de ellas es secretaria general del Partido Comunista de Chile. También se da cuenta de las personas que cumplen condena por causas de terrorismo y desapariciones y se precisa que el Tribunal Supremo chileno ha desestimado la ley de autoamnistía dictada por el general Pinochet en las causas de crímenes políticos.

Precisamente, la admisión reciente de dos querellas por terrorismo y genocidio, hechos ya conocidos, da pie, según la fiscalía de la Audiencia, para concluir el sumario abierto en España y decidir, si cabe, el envío de las diligencias a Chile, a los juzgados que entienden de las causas de terrorismo y genocidio.

La decisíón de concluir la investigación, al tratarse de un sumario ordinario, debe ser resuelta por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. La Fiscalía propone a Cardenal que se solicite a García-Castellón la elevación del sumario a la Sala de lo Penal para que ésta resuelva sobre la propuesta de conclusión.

La causa que instruye García-Castellón lleva aproximadamente dos años, durante los cuales se han tomado declaraciones a testigos y en los que tuvo lugar, en enero pasado, el envío de una comisión rogatoria a Estados Unidos para indagar sobre el asesinato de Carmelo Soria, funcionario español de las Naciones Unidas, en Chile. De dicha comisión ha quedado pendiente el envío de documentos clasificados.