El Gobierno ha aprobado en 6 meses gastos por 90.000 millones sin el aval de la Intervención

El Consejo de Ministros ha convalidado gastos sin el aval de la Intervención General del Estado por valor de 90.000 millones entre julio de 1997 y enero de 1998. El número de expedientes que han seguido este procedimiento irregular, que contraviene la Ley General Presupuestaria, es de 300 en ese mismo periodo. Los ministerios que más lo han utilizado han sido Fomento y Medio Ambiente En el primer caso por valor de 47.000 mines y en el segundo por 27.000 millones. lo Administraciones Públicas e Industria han recurrido a este sistema, mal visto en Administración.

Los 300 expedientes de convalidación de gastos que el Consejo de Ministros aprobó entre julio de 1997 y enero de 1998 -en agosto hubo tan sólo dos Consejos- fueron acuerdos internos del Gobierno que ni aparecieron en la referencia del Consejo ni han tenido publicidad en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La mayoría de los 300 expedientes corresponden a partidas más bien reducidas, que rara vez superan los 2.500 millones de pesetas cada una, pero al ser convalidados por el Gabinete, y no contar con el aval de la Intervención General del Estado "se adjudican en su mayoría sin publicidad ni concurso", según fuentes de la Administración.Aunque todos los gobiernos utilizan de forma extraordinaria este procedimiento irregular, las fuentes de la Administración consultadas califican de "inédita" la cifra de convalidación de gastos de 90.000 millones en sólo seis meses por parte del Gobierno del PP y de "una falta grave en la disciplina presupuestaria La convalidación de gastos por el Consejo de Ministros es un procedimiento extraordinario que utiliza la Administración para aprobarlos, bien porque la Intervención General del Estado considera que existen irregularidades en el fondo o en la forma, o bien porque siendo obligatoria la fiscalización previa, ésta no se ha realizado. Aparece regulada por el artículo 98 de la Ley General Presupuestaria.

Fomento y Medio Ambiente

El Ministerio de Fomento, cuyo titular es Rafael Arias Salgado, es el que más ha recurrido a este procedimiento, con expedientes por valor de 47.000 millones en el último semestre del año. Se trata en numerosos casos de empresas constructoras que agotaron los presupuestos de las obras concedidas por la Administración. El Consejo de Ministros se vio obligado a convalidar la continuidad de las mismas al no contar con el aprobado o por la ausencia de fiscalización de la Intervención General del Estado.Por ejemplo, uno de los expedientes del Ministerio de Fomento, convalidado en un Consejo de Ministros del pasado diciembre, por valor de 1.000 millones afecta a obras de modificación de la autovía de las Rías Bajas. Posteriormente, hay otras con validaciones para modificaciones de la misma autovía gallega por valor de 800 y 700 millones.

El Ministerio de Medio Ambiente, cuya titular es Isabel Tocino, se sitúa en segunda posición en el uso de este procedimiento, con expedientes convalidados por valor de 27.000 millones. Uno de estos expedientes, por valor de 1.656 millones, convalidado el pasado diciembre, es por la modificación de las obras de regulación de los ríos Quiles y Val en la provincia de Zaragoza.

Sanidad, cuyo titular es José Manuel Romay, es el tercer departamento que más ha empleado este sistema, con una convalidación de gastos por valor de 14.000 millones, muchos de ellos correspondientes a suministros. Por ejemplo, uno de los expedientes convalidados en un Consejo de Ministros del pasado diciembre asciende a la cifra de 2.680 millones, correspondientes a contratación de obras, suministros y asistencia del Insalud. Hay otro expediente de 1.796 millones por el mismo concepto y en el mismo mes.

Las cifras se mantienen en el resto de los ministerios en cotas bajas, incluso hay dos -Administraciones Públicas e Industria- que no han acudido a este procedimiento. No obstante, existen convalidaciones de gastos curiosas, como los 21 millones que el Ministerio de Trabajo, cuyo titular es Javier Arenas, destina a una campaña para informar sobre la reforma laboral. Otras convalidaciones son "razonables", según las propias fuentes consultadas de la Administración, como los 105 millones de gastos del Ministerio de la Presidencia derivados de la cumbre de la OTAN.

La Intervención General del Estado participa en "todos los actos, documentos y expedientes de la Administración civil o militar del Estado de los que se deriven derechos y obligaciones de contenido económico", según regula el artículo 92 de la Ley General Presupuestaria. Sólo están exceptuados del sometimiento a la intervención previa los gastos y suministros menores de 500.000 pesetas.

El área de control de la Intervención General del Estado comprende la intervención previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir obligaciones de contenido económico; la intervención formal de la ordenación del pago; la intervención material del pago; la intervención de la aplicación o empleo de las cantidades destinadas a obras, suministros, adquisiones y servicios.

La causas por las que la Intervención General del Estado no aprueba el gasto pueden ser, según el artículo 97 de la Ley General Presupuestaria: insuficiencia de crédito, apreciación de graves irregularidades en la documentación, omisión en el expediente de requisitos esenciales o reparo por las comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios.