El Parlamento catalán pide a la Generalitat mayor control de las fumigaciones
El Parlamento de Cataluña ha aprobado una moción en la que expresa su preocupación por las "presuntas intoxicaciones derivadas de la aplicación de plaguicidas de uso ambiental" (véase EL PAÍS del 10 de febrero pasado).
La diputada de Iniciativa per Catalunya Imma Mayol denunció en el Parlamento autónomo los casos de varias personas intoxicadas en los mismos edificios públicos donde trabajaban, a causa de fumigaciones realizadas incorrectamente y con productos venenosos. Actualmente, las personas intoxicadas suman unas 80, algunas de ellas con incapacidad permanente. Sin embargo, el consejero de Sanidad, Eduard Rius, no quiso admitir que la enfermedad de estas 80 personas estuviera relacionada con la inhalación de desinfectantes. Alguna de ellas interpusieron denuncias contra la Generalitat porque es la que contrata a estas empresas, incluso aunque no estuvieran registradas o hubieran tenido algún incidente.
En el Parlament, la diputada Mayol acusó a la Generalitat de pasividad, ya que los incidentes se han venido repitiendo desde hace cuatro años sin que haya habido reacción oficial alguna; incluso se llegó a contratar a empresas sancionadas por una fumigación irregular.
El conseller de Sanidad, Eduard Rius, reconoció que Inspección de Trabajo ha abierto 21 expedientes a varias empresas de fumigación. Las sanciones previstas, que pueden llegar hasta los 250 millones en casos muy graves (hay 7 mujeres semiparalíticas), sólo rondan los 8 millones de pesetas. Mientras que las denuncias son tramitadas por Inspección de Trabajo, dependiente del Ministerio, la sanción económica la impone la Generalitat.
El Parlament, tras diversos pactos entre los grupos, aprobó una moción sobre estas "presuntas intoxicaciones".
En resumen, pide a la Generalitat que informe sobre la conveniencia de fumigar sólo en casos necesarios, que elabore protocolos preventivos para evitar riesgos de aplicación y que impulse la formación permanente del personal.
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