Canarias coordina en un único teléfono y en cuatro idiomas a todos sus cuerpos de emergencia
Canarias, paraíso, para 10 millones de turistas en 1997, venderá este año en sus promociones por todo el mundo sol y playas en el mismo paquete que seguridad y sanidad. Este atractivo producto turístico se resumirá en un número telefónico con tres dígitos: 112. El Servicio de Atención de Urgencias y Emergencias canario no se limitará al mero despacho de llamadas. Pretende coordinar desde mayo, en cuatro idiomas, la atención en tiempo real de todos los cuerpos de emergencia y seguridad (8.337 agentes) de las distintas administraciones en sus siete islas. El Gobierno canario persigue completar este plan con la creación de su policía autonómica y turística tras asimilar a los agentes municipales.
A una realidad complicada, alejada, insular y multicultural, el Gobierno canario ha respondido con un proyecto único en Europa. El 31 de diciembre de 1996 expiró el plazo dado por el Consejo de la Unión Europea para la implantación del Teléfono Único de Urgencias, 112 en sus esta dos miembros. Algunos gobiernos y autonomías han optado por poner en marcha grandes centralitas para aglutinar la res puesta telefónica, a sus demandas de emergencia. En Canarias han dado un paso más en la ordenación del actual caos de estos números de socorro.Junto a la gran operadora, con medio centenar de recepcionistas capaces de atender al cliente potencial con cualquier problema tanto en español, inglés, alemán y francés, han optado por experimentar un servicio inédito de coordinación real de todos esos departamentos para evitar duplicidades y conflictos.
Existen varios modelos de 112 y de coordinación de las emergencias. Canarias, con 1.600.000 residentes y 8.434.000 visitantes extranjeros, requería algo especial.
El vicepresidente del Gobierno Canario, Lorenzo Olarte, responsable político del éxito turístico de estas islas, empezó a ligar la promoción de este sector a una buena sanidad, justicia y seguridad durante una campaña, en los pasados Juegos Olímpicos de Atlanta, cuando los curiosos que pasaban por su imponente stand se interesaban por datos sobre la modernidad de esos servicios. Fue entonces cuando soñó con una policía autonómica y turística. Ahora, cuando casi no ha nacido y con no pocos recelos de partida, ya apuesta por exportar este tipo de colaboración.
El primer progreso hacia el 112 actual surgió de la implantación en Canarias, hace tres años, del 061 local, un número que facilitaba una reacción en 85 segundos de media a cualquier emergencia sanitaria. Se calcula que el 70% de las 1.000 llamadas diarias de emergencia que espera el 112 tendrán carácter sanitario. Entre José Juliá, el promotor de aquel invento, y el fichaje de un heterodoxo experto español en sistemas de seguridad, el catalán Jaume Curbet, se pergeñó el Plan de Seguridad Canario que mañana presenta Olarte en Madrid en la feria Sicur'98.
El 112 entrará en funcionamiento el próximo 30 de mayo, día de Canarias, y el Plan se consolidará con el montaje en estos meses de la Academia de Seguridad local. En ese centro se formará en los próximos cinco años a los 2.400 policías municipales de las islas, que saldrán con el conocimiento de varios idiomas (sobre todo inglés y alemán). Esos a gentes compondrán la auténtica policía autonómica y turística canaria.
El gasto de montar y mantener una policía autonómica nueva algo que prevé él estatuto canario, se estima entre 15.000 y 30.000 millones de pesetas. El plan de Seguridad Canario supondrá una inversión de 1.000 millones. Con ese dinero se contratará a los operadores telefónicos del 112 y, sobre todo, se pagará el innovador sistema informático que clasificará las llamadas de socorro de los ciudadanos según un protocolo de incidentes ya programado que pondrá en marcha, los recursos estrictamente necesarios.
A veces la actuación está ya tan catalogada que no requiere de ningún intermediario. En la sala central del 112, donde conviven técnicos y jefes de todos los servicios, hay expertos de cada cuerpo de seguridad (policías nacionales y municipales y guardias civiles) y de urgencia (médicos, bomberos, protección civil), para responder a los ciudadanos.
La interconexión de la sala con los medios materiales y humanos que se ponen en marcha es permanente y no finaliza hasta que acaba el servicio. Los datos, en cualquier caso, son confidenciales para cada sector. En Canarias hay 2.209 guardias civiles, 2.062 policías nacionales, 2.400 agentes municipales, 866 bomberos y voluntarios y 800 médicos y sanitarios.
El Gobierno canario, después de investigar modelos de coordinación de emergencias por todo el mundo, acudió a la empresa canadiense Positrón, qué ha aplicado ya el suyo en 2.500 ocasiones en Centro y Norteamérica y atiende los servicios de 100 millones de personas.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Archivado En
- Teléfonos emergencia
- Turismo rural
- Destinos turísticos
- Canarias
- Emergencias
- Medio rural
- Policía autonómica
- Policía municipal
- Gobierno autonómico
- Política autonómica
- Ayuntamientos
- Comunidades autónomas
- Policía
- Demografía
- Sucesos
- Administración autonómica
- Gobierno
- Fuerzas seguridad
- Administración local
- Administración Estado
- Turismo
- España
- Administración pública
- Política
- Justicia