Cerca de 90 personas intoxicadas tras la fumigación en edificios públicos catalanes

Cerca de 90 personas sufren transtornos físicos tras resultar intoxicadas por las fumigaciones emprendidas en edificios públicos de Cataluña, la mayoría dependientes de la Generalitat. La diputada de Iniciativa per Catalunya (IC) Inma Mallol ha presentado en el Parlament una interpelación para aclarar la actuación del Gobierno autónomo y criticar la falta de un registro oficial de las empresas que aplican pesticidas. El Departamento de Trabajo no ha respondido a este periódico sobre las inspecciones realizadas, las sanciones impuestas ni las empresas que contrata más asiduamente.

Tanto CC OO como los datos internos de la Generalitat coinciden en el cálculo aproximado sobre las personas enfermas desde que se descubrió el primer caso en 1994. Se trata de hechos en los que se ha podido relacionar la repentina enfermedad del empleado con una fumigación si previo aviso. En todos los incidentes se desinfectó con organofosforatos o piretroides y no se mantuvo el edificio vacío y cerrado durante al menos 48 horas.A Neus Moreno, responsable de salud laboral de CC OO, le parece inadmisible la desidia de la Generalitat, y pone como ejemplo que trabajadores de las piscinas municipales de Badalona hayan quedado intoxicados en dos ocasiones.

En una de ellas, la empresa era la misma que había actuado en el hospital Vall d'Hebron: Sanhyg. Esta firma fue sustituida finalmente por otra, Sedif, también acusada de una defectuosa desinfección en despachos del Departamento de Trabajo. "Hasta 1994", recuerda Neus Moreno, "pensamos que los plaguicidas sólo se usan en el campo y que los desinfectantes de las viviendas no eran tóxicos. Pero desde entonces se suceden los casos en edificios públicos y la Administración no reacciona. No tiene sentido que se exija a un tendero el carné de manipulador de alimentos, y que al que fumiga con venenos no se le dé formación alguna".

La diputada de IC Inma Mallol presenta el jueves una interpelación al Gobierno catalán. "La Generalitat no ha adoptado medidas contundentes con este problema. ¿Por qué sigue contratando a empresas que han sido sancionadas?". Los responsables de dos de estas empresas que han tenido incidentes, Sanhyg y Sedif, no han contestado a las llamadas de este periódico para obtener su versión. "La Generalitat no tiene", añade Mallol, "ni un registro oficial de las empresas con plaguicidas porque no se ponen de acuerdo los departamentos de Agricultura y de Sanidad". IC exige a la Generalitat que cree ese registro, que controle la aplicación de los productos, que haga programas de prevención, y un tratamiento de las personas afectadas y campañas de detección precoz".

En Madrid también se han producido casos parecidos a los de Cataluña. Un grupo de trabajadores de la delegación de Hacienda del distrito de Latina ha notado escozor en los ojos, dolor de cabeza, malestar general, cuando no otros problemas más graves, tras una fumigación en el edificio, según han declarado ellos mismos. Estos funcionarios han notificado ya dos veces a sus superiores hechos similares.

Según una funcionaria del centro, la fumigación de estas oficinas de Latina se realiza una vez al mes "y en muchas ocasiones sin ni siquiera avisarnos", informa Lucía Argos. "La última vez que fumigaron lo notamos mucho. Una compañera estuvo de baja 10 días y otra aún está de baja. No se tiene en cuenta que trabajamos en un bajo sin ventilación y que hay días en que, entre personal y público, llegamos a juntarnos hasta 300 personas".