Sanidad se compromete a tener la lista del "medicamentazo" la próxima semana

En una semana estará preparada la lista de fármacos que quedarán excluidos de la financiación pública. Así lo prometió ayer el subsecretario de Sanidad, Enrique Castellón, tras la firma del pacto con Farmaindustria para el ahorro farmacéutico. De cómo afecte esta lista a cada laboratorio dependerá la aportación de cada uno para completar los 29.145 millones que pagarán a Sanidad este año, más otros 10.000 millones por la rebaja selectiva de precios.

Satisfacción en Sanidad y evidente malestar en la sede de Farmaindustria tras la firma del acuerdo. Por primera vez no se trata de un pacto de crecimiento como los anteriores, mediante los cuales la industria retornaba parte de sus beneficios según el incremento de la factura farmacéutica. Esta vez (véase EL PAÍS de ayer) es una aportación fija de 29.154 millones más otros 10.000 procedentes de una rebaja de precios de algunos medicamentos.El acuerdo, por dos años prorrogables, prevé para el segundo un descenso considerable de la aportación, a 16.000 millones. La Administración obtendrá el resto del impacto de la lista negativa de medicinas con un ahorro previsto ya desde este año de 32.000 millones. Además se calcula un menor gasto, gracias a los medicamentos genéricos (un 25% más baratos que los de marca), de en torno a los 4.000 millones. La suma supera los 75.000 millones, 10.000 más de los que buscaba el ministro José Manuel Romay para cumplir su compromiso.

Romay se felicito por el acuerdo de ahorro y aseguró que ello permitirá "atender otras necesidades en sanidad".

Mesas separadas

La dureza de las negociaciones a lo largo de diciembre se reflejó ayer en la decisión de Farmaindustria de rechazar una rueda de prensa conjunta con el ministerio. Su presidente, Enrique González Hervada, zanjó el asunto argumentando: "Queríamos explicar nuestra postura, cada uno desde nuestra total independencia". Y con este criterio, y estableciendo de antemano su "sacrificio en beneficio del Sistema Nacional de Salud", la patronal entendió que el pacto, lejos de las apariencias, beneficia a todos: al ministerio, por el evidente monto económico; y a los laboratorios, al haberse librado de la posibilidad de medidas unilaterales de la Administración y haber reducido de forma "significativa" el número de fármacos que se excluirán.No obstante, González Hervada lanzó duras críticas contra el ministerio porque el papel no recoge ninguna de las contrapartidas fiscales que la industria solicitaba. Entre ellas la demora del cobro del impuesto de sociedades y del IVA hasta el pago de la deuda de la Administración Sanitaria con los laboratorios.

El cliente-Estado, el mayor de Farmaindustria (el 82% de su mercado), debe 100.000 millones por suministros hospitalarios y, según la patronal, la demora media de pago es de un año. El ministro de Sanidad aseguro por la mañana que estas contrapartidas se están estudiando en Economía.

Los fármacos excluidos de la Seguridad Social tendrán precios libres y por lo tanto podrán subirse, pero desde el ministerio no se aclaró cuándo se aprobará. La posible repercusión en el usuario es centro de las críticas formuladas ayer desde UGT y PSOE. Para el sindicato, se "encubre una forma de copago" -aportación mayor del usuario-; y el que los fármacos excluidos puedan seguir recetándose en la sanidad pública pone en un dilema al médico, "quien tiene que optar por prescribirr o no un medicamento que debe costear totalmente el usuario". La portavoz socialista, Ángeles Amador, lamentó de nuevo que el ministro no se haya explicado en el Congreso antes de firmar el pacto. Comparecerá el día 28 de enero.