Las seis gasolineras denunciadas por la OCU son del mismo grupo de empresarios

, Las seis gasolineras de la Comunidad de Madrid denunciadas por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), después de que sus inspectores comprobasen que suministran entre un 4,3% y un 7% menos de combustible respecto al que cobran, pertenecen al mismo grupo de empresarios. Se trata del encabezado por la familia Villanueva que, en unión con otros empresarios asociados, controla unas 50 estaciones de servicio en Madrid y otras regiones, como Castilla-La Mancha y Murcia.

Fuentes del sector indicaron ayer que las gasolineras denunciadas en el estudio de la OCU, por superar entre ocho y 14 veces el margen de error en el suministro de gasolina permitido legalmente (0,5% de desviación como máximo), pertenecen a los mismos empresarios: el grupo Villanueva. Sin contar la red propiedad de las petroleras, Villanueva es el principal grupo privado de estaciones de servicio de Madrid y uno de los primeros de España. De las cerca de 50 gasolineras que controla, unas 15 están en Madrid capital, 15 más en otros municipios de la región y las demás en el resto de España, principalmente en las provincias de Toledo, Albacete y Murcia.El grupo Villanueva no existe legalmente, ya que cada gasolinera constituye una sociedad distinta, pero de los consejos de administración de cinco de las estaciones de servicio. denunciadas por la OCU (Avitipa, Cerro de la Cabaña, García Noblejas, Loessa y A. Villanueva y Cía) forman parte Francisco Javier Villanueva Aranguren, sus hermanos o su hijo, Francisco Javier Villanueva Bravo. En la sexta (Etessa), no figura ninguna persona de la familia Villanueva, pero sí de la familia Mateo, que comparte con la anterior el control de numerosas estaciones de servicio, como Loessa, también denunciada por la OCU.

EL PAÍS intentó ayer recabar una explicación de Francisco Javier Villanueva, ante la coincidencia de que las gasolineras denunciadas por la OCU tengan los mismos propietarios. En su nombre, Guillermo Ortiz afirmó que no podía confirmar ni desmentir que las estaciones de servicio fuesen del mismo grupo, pues "el grupo Villanueva, como tal, no existe". Ortiz alegó que el método utilizado por la OCU "es incorrecto" y que su estudio "está confundido y es generador de confusión". Esta noticia, agregó, "está creando una alarma muy perjudicial para el sector. El señor Villanueva lleva muchos años en este negocio y lo que más nos preocupa es que nuestro honor pueda quedar en entredicho".

La misma tesis defendió ayer el presidente de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de Madrid, Antonio Onieva, quien calificó de "barbaridad" las conclusiones del estudio de la OCU, porque "ni es representativo ni el sistema de medición es el adecuado. Con toda seguridad", dijo, "si existe fraude, es excepcional y mínimo y jamás de los jamases tres de cada 10 gasolineras pueden cometer fraudes tan enormes en la medida".

Respecto al hecho de que los inspectores de la OCU recibieran en algunas estaciones entre el 4,3% y el 7% menos de la gasolina, afirmó: "No comprendo cómo se pueden manipular unos sistemas precintados para realizar ese fraude tan grande. Puede haber fraude, pero nunca en las proporciones que denuncia la OCU". Onieva agregó que en ninguna de las inspecciones realizadas el año pasado por el gobierno de la Comunidad de Madrid se "ha descubierto ninguna irregularidad significativa".

En términos muy diferentes se manifestó el presidente de la Confederación Nacional de Estaciones de Servicio, Roberto Sáenz, quien declaró a Efe: "Hoy mismo [por ayer] se han dirigido comunicaciones, urgentes a todas las organizaciones territoriales de esta patronal con instrucciones severísimas en el control de estas medidas". Sáenz dijo que desviaciones tan notables entre la cantidad suministrada y la pagada como las que ha denunciado la OCU "no son tolerables" y agregó que la noticia le había sorprendido muy desagradablemente", aunque "tampoco se puede evitar que en ésta, como en otras actividades, pueda haber garbanzos negros.

Por su parte, la petrolera Repsol, cuya marca ostentan cinco de las seis gasolineras denunciadas, difundió una nota en la que puntualiza que "ninguna de las estaciones de servicio mencionadas en el estudio [de la OCU] en las que aparecen anomalías son propiedad del Grupo Repsol, perteneciendo todas ellas a empresarios independientes. En estas estaciones, Repsol tiene únicamente un contrato de abanderamiento y suministro de producto, no interviniendo en la gestión de dichas estaciones". La nota de la petrolera concluye ofreciendo su colaboración "para contribuir a la clarificación de cualquier desviación que se pudiera producir".

Un portavoz de Repsol recordó a EL PAÍS que en las gasolineras que son propiedad de la petrolera y han sido inspeccionadas por la OCU no se detectó ninguna desviación. "Les vamos a pedir inmediatamente explicaciones [a los propietarios de las gasolineras con bandera de Repsol afectadas por la denuncia] para que nos digan a qué se debe", dijo dicho portavoz, quien agregó que la petrolera no descarta pedir una indemnización a los propietarios de las estaciones de servicio "si se demuestra que ha existido fraude".