Técnicos de la Fiscalía del Estado apoyan que España investigue al régimen chileno

, La secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado ha elevado un nuevo informe al Fiscal General, Jesús Cardenal, por el que recomienda que la Fiscalía de la Audiencia Nacional apoye la continuación de la investigación en curso sobre delitos de terrorismo en el caso de la dictadura de Chile y solicite el archivo de las diligencias en marcha sobre genocidio y terrorismo cometido por las juntas militares que accedieron al poder en Argentina en 1976. El fiscal Pedro Rubira, siguiendo estas instrucciones, ha solicitado al juez Baltasar Garzón el archivo de oficio de su investigación sobre los desaparecidos argentinos.

Fuentes de la secretaría técnica confirmaron ayer que el citado informe fue elevado a Cardenal a primeros de año. El criterio de la secretaría, tras la junta de fiscales de sala del pasado 10 de diciembre, es que en el caso de Chile debe mantenerse, en lo que se refiere a los delitos de terrorismo, los hechos que investiga el juez Manuel García-Castellón, titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Esto es la desaparición masiva de ciudadanos, entre los que se cuentan españoles.

En la junta de fiscales de sala citada, el fiscal jefe de la secretaría técnica, Eduardo Torres-Dulce, expresó su apoyo a mantener la competencia de la jurisdicción española en el caso de Chile. El razonamiento es que en Chile no se han aplicado leyes de punto final u obediencia debida, como es el caso de Argentina, sino que a lo sumo se aprobó por la dictadura del general Augusto Pinochet una autoamnistía. Por ello, el informe apoya la aplicabilidad del artículo 23.4 de la ley Orgánica del Poder Judicial, por la que se consagra la competencia de la jurisdicción española para conocer los delitos de terrorismo cualquiera que sea el lugar.

Casos de terrorismo

El nuevo informe elevado a Cardenal estima que la investigación debe seguir por temas de terrorismo y cuestiona su continuación por los asuntos de genocidio. Según razona, no es por su condición de ciudadanos nacionales chilenos que las personas eran eliminadas por la acción de los militares sino por su ideología. La secretaría técnica, pues, apoya las diligencias en curso. Entre ellas la que desarrollan estos días en Washington el juez García-Castellón y el fiscal Ignacio Peláez, quienes comenzaron a interrogar ayer a ciudadanos norteamericanos y cubanos en relación a varios aspectos de la causa chilena.La secretaría técnica, asimismo, propone que la Fiscalía de la Audiencia Nacional pida al juez Garzón el archivo de las diligencias sobre Argentina. El nuevo informe ratifica los términos del anterior dictámen de la secretaría técnica, en abril de 1996, elevado al entonces fiscal general, Carlos Granados. Señala que no es de aplicación en Argentina el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por delitos de terrorismo, habida cuenta que dicho tipo penal data del 1 de julio de 1985 y los hechos fueron cometidos con anterioridad. Por tanto, se invoca el principio de irretroactividad de las leyes penales para solicitar a Garzón el archivo.

Fuentes de la secretaría técnica dijeron que en todo caso debe ser un organismo superior al juez instructor el que decida. "Si el juez piensa una cosa y el fiscal otra, debe ser la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional quien dirima la competencia. Es fundamental terminar con la indefinición. Si se apoya la jurisdicción, pues adelante; si no, que se archive", dijo la fuente consultada.