¿Estados impotentes?
Una de las posturas intelectuales que se repiten con mayor frecuencia en los círculos económicos y políticos españoles es que la globalización económica ha debilitado en gran manera a los Estados, imposibilitándolos en la resolución de sus mayores problemas económicos y sociales. Ahora bien, tal postura ignora que más que globalización de la producción Y del comercio estamos hoy viendo en el mundo una regionalización económica y política, con la aparición de tres grandes bloques regionales (Norteamérica, Unión Europea y sureste asiático), dentro de los cuales los Estados continúan teniendo una enorme importancia. Es más, en este proceso de regionalización los tres Estados que han hegemonizado aquellos bloques regionales (EE UU, Alemania y Japón) han sido altamente intervencionistas; y dentro de cada bloque regional el poder de los Estados ha continuado ejerciéndose a través de políticas públicas que inciden en los espacios económicos y sociales de aquellas sociedades. En la UE, por ejemplo, la gran variedad de políticas económicas y sociales que existen hoy en este espacio político europeo se debe a los distintos grados de desarrollo de sus Estados y a la correlación de fuerzas existente dentro de ellos. Dentro de esta variedad, España es uno de los países de la UE con unas políticas públicas menos equitativas. La escasa equidad del Estado español no puede explicarse o justificarse por la globalización o regionalización de su economía.El Estado del bienestar español (que añade a la capacidad adquisitiva de la población española a través de transferencias y servicios sociales y sustrae de esta capacidad a través de impuestos y tasas) reduce el nivel de pobreza (definido como la mitad de la renta mediana del país) de un 28,2% de la población a un 10,4%, reduciendo así la pobreza en un 63, 1 %. En comparación, el Estado del bienestar alemán reduce la pobreza en un 80,6%; el sueco, en un 80,4%; el danés, en un 72%; el holandés, en un 70%, etcétera. El efecto redistributivo del Estado de bienestar español es algo mayor entre los ancianos, debido primordialmente a las pensiones de vejez, sin las cuales el 68% de los ancianos en España serían pobres. Tal reducción de la pobreza es, sin embargo, mucho menor entre los niños, siendo sólo de un 38,2%, y ello a pesar del discurso retórico profamiliar de la cultura oficial del país. (Sineeding, T. M. Finantial Poverty in Developed Countries, L. I.S, 1997). Tales niveles de pobreza son indicadores de las desigualdades sociales de renta y propiedad en España, de las más altas en la UE.
Esta escasa equidad de las políticas públicas del Estado español se basa en la herencia histórica de cuarenta años de dictadura (ejercida primordialmente en contra de sus clases populares), que se caracterizó por su gran represión, por su énfasis en mantener el orden existente y por su escasa sensibilidad social. Incluso hoy día, y como resultado de aquella herencia, España es uno de los países de la UE con mayor número de policías por 1.000 habitantes (con un porcentaje mayor de su población encarcelada) y menor número de trabajadores de atención socio-médica comunitaria por 1.000 ancianos. La democratización del Estado español canalizó las demandas populares por mayor equidad con la consiguiente disminución de las desigualdades sociales y de la pobreza, sobre todo a partir de los años ochenta, y ello fue debido primordialmente al aumento de la progresividad fiscal, así como al aumento del gasto público y muy en especial a la extensión en la cobertura de la sanidad, de las pensiones y de la educación, aunque el impacto reductor de las desigualdades sociales de tales intervenciones públicas se vio enlentecido por el aumento del desempleo resultado en gran parte de la ausencia de políticas públicas de pleno empleo, como reconocía recientemente uno de los arquitectos de aquellas políticas económicas ("sólo a partir de 1992 y de una manera relativamente tímida ha habido una política diseñada a reducir el paro es tructural", Solchaga, A. El final de la época dorada, 1997, página 181). Ahora bien, tal impacto reductor de las des igualdades y de la pobreza, aunque notable, fue insuficiente. La pobreza descendió de un 13% de la población en 1980 a un 10,4% en 1990, me jora importante pero que todavía situaba a España entre los países con mayor pobreza en la UE, cuyo nivel de pobreza promedio fue de 6,4% en aquel año. Lo mismo ha ocurrido con la pobreza entre los ancianos (11,4%) y entre los niños (12,8%), las dos entre las más altas de la UE. Las des igualdades sociales también disminuyeron durante los años ochenta y noventa, aun que de nuevo no lo suficiente para evitar que España continuara siendo de los países con más desigualdades de renta en la UE. Según el informe más detallado y riguroso de la distribución de la renta en países industriales, la renta promedio de la decila superior de la población española era en 1990 4,04 veces superior a la renta promedio de la decila inferior, una de las tasas más altas en la UE. (Gottschalk, P. and Smeeding T. M. Empirical evidence on income inequality in industrialized countries, L. 1. S. 1997).
Las políticas públicas que hoy está siguiendo el Gobierno español, como son la disminución del gasto público y el aumento de la regrésividad fiscal, disminuirán todavía más el impacto equitativo del Estado español. Añádase a ello la avalancha ideológica que se está hoy observando, generada en gran parte por intereses financieros, de privatizar la Seguridad Social, el programa antipobreza más importante del país. Casi con periodicidad mensual aparecen informes que, a través de los medios de información próximos a aquellos intereses financieros, alarman a la población indebidamente. En realidad, el Estado español se gasta en pensiones menos en términos porcentuales que el promedio de la UE, y ello a pesar de que la estructura demográfica española es parecida al resto de la UE. Es más, según las proyecciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el gasto en pensiones sobre el PIB será de 11,8% en el año 2030, un porcentaje menor que el gasto en pensiones que gran número de países en la UE se gasta hoy. España se gasta menos en pensiones y en otros capítulos del Estado del bienestar que su nivel económico permite.
El clima eufórico, imperante en España, en que el estado de la economía se define como boyante (a pesar de tener un 20% de desempleo) ha alcanzado unos niveles sumamente complacientes que dificultan la visión de nuestra realidad. Esta euforia se refuerza con la publicación anual del índice de Desarrollo Humano elaborado por la Agencia del Desarrollo de las Naciones Unidas (ADNU), que muestra a España en el décimo lugar en el mundo, dato que se ha presentado y continúa presentándose por nuestros gobernantes como prueba del buen desarrollo del Estado del bienestar español. Ahora bien, este indicador es un indicador compuesto (adoptado por aquella agencia de las Naciones Unidas como resultado de la influencia del Gobierno de EE UU), que prima el grado de cobertura educativa de la población (la dimensión del Estado del bienestar estadounidense más desarrollado) sin incluir otros componentes del Estado del bienestar. De ahí que, no sorprendentemente, EE UU sea, después de Canadá, el país que tiene un indicador de desarrollo humano mejor. Ahora bien, tal indicador, cuyo número de variables que lo componen es muy reducido, no mide la calidad, sino sólo la cobertura del sistema educativo, sin indicar tampoco los recursos disponibles para tal actividad. En realidad, una encuesta realizada por la US Science Foundation en 1991 de calidad de la educación escolar (medida por el conocimiento de matemáticas en niños de 13 años en los años 1990-1991) mostró que tanto la escuela estadounidense como la española estaban muy por detrás de las escuelas de gran número de países europeos y del sur asiático. Las escuelas españolas estaban también por detrás de las escuelas de la mayoría de los Estados del noreste y medio oeste de Estados Unidos. Estudios académicos del desarrollo humano y calidad de vida, que incluyen mayor número de variables que el índice de desarrollo humano de la ADNU (midiendo la cantidad y calidad de varios componentes del Estado del bienestar), colocan a España en el número 20º (en lugar del 10º), (Estes, R. The world social situation. University of Pensylvania, 1997), realidad silenciada por las cajas de resonancia del discurso eufórico oficial español, que está utilizando el argumento de la necesidad de conseguir la convergencia monetaria como excusa para no alcanzar la convergencia social. Ahora bien, muchos otros países de la UE están alcanzando hoy los criterios de convergencia monetaria (que son innecesariamente austeros) a la vez que están manteniendo e incluso expandiendo el efecto equitativo de sus políticas públicas, mostrando que la excepcionalidad española se debe no a un determinismo económico requerido por el proceso de globalización o regionalización económica, sino a la voluntad política como resultado de la correlación de fuerzas en el Estado español.
