Ley sin consenso

POR SEGUNDA vez en dos semanas, Convergéncia i Unió y el Partido Popular se han encontrado enfrentados en dos proyectos legislativos en los que cada aliado había puesto todo su empeño político. El 16 de diciembre, el Gobierno perdió la votación del decreto de humanidades gracias a los votos en contra de CiU, y ayer, la coalición que encabeza Jordi Pujol consiguió aprobar la ley del catalán a pesar de los votos en contra del PP. Aunque éste ha querido rodear su voto negativo a la ley del catalán de la mayor normalidad, como si en nada afectara a su pacto con CiU, es inevitable que provoque un desgaste en las relaciones entre ambas formaciones. El cruce de acusaciones entre el vicepresidente del Gobierno Francisco Álvarez Cascos y el presidente catalán momentos después de la aprobación de la ley, se encargó ayer mismo de demostrarlo.En realidad, ambos socios habían planteado el debate sobre la ley en términos de rendimiento electoral, hasta tal punto que se advertían complicidades en el reparto de papeles y en su enfrentamiento. La iniciativa legislativa tenía que ver más con la necesidad de CiU de tomar distancias respecto al PP que con las demandas sociales y políticas de los ciudadanos de Cataluña. Así ha sido percibido por la sociedad catalana, que ha vivido con más indiferencia que interés los 10 meses de ponencia y de debate público sobre una cuestión de los políticos y para los políticos.

Del inicial proyecto presentado a principios de 1997 queda poca cosa después de un proceso en el que CiU ha conseguido crear un consenso con tres formaciones: el PSC, Iniciativa per Catalunya-Els Verds y el Partit per la Independéncia. El repaso jurídico efectuado por el Consejo Consultivo de la Generalitat, que halló ocho puntos de inconstitucionalidad, atendidos casi en su integridad, ha dejado el texto muy cambiado respecto al original y listo para recibir un apoyo de 102 votos a favor, 25 en contra los de Esquerra Republicana por escaso intervencionismo y los del PP por excesivo y una abstención.

Dos de los elementos más polémicos han quedado arrumbados. Han desaparecido la obligación de atender en catalán al público por parte de comerciantes y profesionales y de toda la Administración periférica del Estado y la de etiquetar en catalán los alimentos envasados, los productos tóxicos y los peligrosos. Destaca, en cambio, la obligación de todos los comerciantes y profesionales con atención al público de mantener un sistema de rotulación y de informaciones básicas al menos en catalán, para lo que se establece un plazo de entre dos y cinco años. La ley convierte así en norma algo que se viene observando como tendencia en el comercio en Cataluña, como es el incremento de la rotulación catalana o bilingüe en detrimento de la rotulación exclusivamente en castellano.

Ciertamente, no es bueno que cambios de comportamiento de este tipo, en principio lógicos y parte de la normalización lingüística del catalán, se produzcan por ley o por imposición. Más bien al contrario, lo mejor es que sean fruto paulatino de la voluntad de todos, y que si llegan a plasmarse en ley ésta sea consensuada y compartida, para evitar precisamente que cualquier obligatoriedad, por suave que sea, se convierta en bandera política y en motivo de división entre los ciudadanos. Algunas reacciones suscitadas por la ley entre quienes más la combaten señalan ya este camino, a pesar de la exageración en que incurren, como es el caso de hablar de "norma totalitaria" o de llamar a la desobediencia civil, como ha hecho el senador popular Aleix Vidal Quadras.

Idénticas consideraciones merece el sistema de sanciones y cuotas, por limitado y menor que sea. Las sanciones, siempre indirectas a través de la legislación vigente anteriormente, no afectarán a los ciudadanos en cuanto a tales, pero sí a las empresas, los funcionarios e instituciones que la incumplan. Las cuotas afectan a los medios de comunicación de concesión autonómica y podrán afectar al cine. Ambas inciden en el principio más importante en el que ha conseguido avanzar CiU, y es el de que hay que seguir legislando sobre la lengua, cosa que, además de discutible, suscita la controversia en exceso.

La mejor ley lingüística era no hacer ninguna ley, vistos los antecendentes de consenso obtenidos por la anterior de 1983, los avales del Constitucional recibidos y los avances indiscutibles que ha experimentado el uso del catalán en estos 14 años. Pero una vez aprobada, ni la: ley es tan mala como pretenden unos ni tan insignificante como pretenden otros. Cabe esperar que se administre con sensatez y generosidad, y sirva para regresar al consenso linguístico y no para seguir legislando y ensanchando las divergencias.