Pegas a la rotulación y etiquetado en catalán

El dictamen del Consejo Consultivo sobre la ley del catalán afirma que ésta "se adecua" a la Constitución y el Estatuto de Autonomía excepto en nueve preceptos (en ocho artículos) que afectan al uso de esta lengua en los documentos públicos, la administración del Estado y la rotulación de comercios. El informe cuestiona el contenido de parte de siete artículos, en algún caso de "incisos", así como del primer párrafo y un apartado de la disposición adicional quinta de la nueva ley. Entre las objeciones, destacan la referencia que hace la ley a la no existencia de sanciones cuando a continuación se establecen avisos previos y actuaciones administrativas en el caso de infracciones por parte de entidades y empresas, lo que, considera, crea "inseguridad jurídica".Este organismo, cuyas resoluciones no son vinculantes, cuestiona también que el catalán pueda ser considerado lengua preferente en la administración del Estado porque puede plantearse "un conflicto de competencias" y pone objeciones a que los asientos registrales deban realizarse en la lengua que emplee el ciudadano.

Con relación a las facturas de las empresas públicas y privadas que ofrecen servicios públicos, el dictamen fija que éstas "no deben ser obligadas a emplear normalmente el catalán tal y como prevé la nueva ley". El dictamen cuestiona, además, que pueda obligarse a que los carteles de información pública de los establecimientos deban ser redactados, al menos, en catalán en todos los casos, y apunta que también crea problemas la referencia al etiquetado al menos en catalán de algunos productos.

Obligar al Gobierno

En el ámbito laboral, este organismo apunta que la ley sólo puede obligar al Gobierno a impulsar el catalán en las relaciones sociolaborales, pero no así en los sindicatos y las organizaciones patronales. El dictamen considera que los artículos dedicados a la enseñanza "no plantean ningún problema de constitucionalidad" y hace referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional de 1994 que avaló el uso del catalán como lengua de uso en la enseñanza obligatoria. El informe tampoco encuentra problemas en la existencia de cuotas para la utilización del catalán en las emisoras de radio y televisión, y en el cine.El Consejo Consultivo, órgano que asesora al Gobierno de la Generalitat sobre la constitucionalidad de las normas legales, finalizó anteanoche el dictamen y lo entregó ayer al Parlamento. El dictamen está acompañado de dos votos particulares de Agustí Bassols, ex consejero de la Generalitat, y Francesc de Carreras, miembro del Consejo a propuesta de IC y promotor del Foro Babel, crítico con la política lingüística de la Generalitat.

* Este artículo apareció en la edición impresa del viernes, 19 de diciembre de 1997.

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