Vanidad irresponsable

DESDE SU presentación en el Ministerio de Educación hasta su liquidación política en el Congreso de los Diputados, el proyecto de real decreto de enseñanzas mínimas de Geografía e Historia y Lengua y Literatura para los estudiantes de 12 a 16 años se ha convertido en un fenómeno político, sociológico y, en mucha menor medida, educativo. La alocada peripecia del decreto ha puesto en evidencia la nula capacidad negociadora del Ministerio de Educación, el oportunismo político del partido socialista y el escaso interés que pueden demostrar los partidos nacionalistas en entrar realmente en un debate sobre el fondo de la cuestión de una historia común. Los partidos han retorcido tanto sus argumentos que los ciudadanos han acabado por no entender qué posiciones defendía cada fuerza política y por qué. Entre la concepción del Estado y la pura psicología, todos esos factores han creado tal amalgama en el debate que se ha hecho imposible distinguir los ingredientes del, cóctel. La educación es un problema complejo como muy pocos.La confusión en tomo al proyecto era tal que lo más sensato era empezar de nuevo. El rechazo parlamentario del decreto es una ocasión para ello. El Congreso ha pedido al Gobierno varias cosas: que retire oficialmente su proyecto, que elabore un dictamen en el que se evalúe la enseñanza de las humanidades, que impulse un amplio debate que permita acordar las directrices de la reforma y que, en su caso, presente un nuevo proyecto basado en el consenso. Todos los partidos, menos el PP, apoyaron la proposición.

¿En qué se diferencia de la moción del Senado, aprobada 16 días antes con los votos del PP, PSOE y Coalición Canaria? En una palabra: retirada. Tras el acuerdo del Senado, la ministra de Educación, Esperanza Aguirre, cometió una torpeza política: salió del salón de plenos haciendo prácticamente el signo de la victoria. Los socialistas, que daban por hecho un replanteamiento a fondo equivalente a la retirada implícita del decreto, consideraron que, lejos de haberse unido a una operación de consenso, se veían arrastrados a una explotación partidista. Esos recelos, alentados por Aguirre, han cuajado en una notable derrota política del Gobierno.

La capacidad autocrítica no es la virtud que más adorna a la ministra, como ha vuelto a demostrar con terquedad a las pocas horas del revolcón del Congreso, por lo que sería mucho pedir que reconociera los graves defectos de su proyecto (inadaptación pedagógica, ausencia de diagnóstico previo, sesgos ideológicos, invasión de competencias autonómicas), la ruptura del consenso que ha rodeado su gestación y la tensión entre nacionalismos que ha disparado.

Pero si el Gobierno ha sido incapaz de convencer a las fuerzas políticas y al conjunto de la sociedad de la evidente necesidad de articular la enseñanza de una historia o de una literatura compartidas, el PSOE tampoco ha estado a la altura de las circunstancias. Lo mínimo que debe admitir es que el partido se ha dividido entre quienes entienden las razones del proyecto de la ministra Aguirre -por más que ella se empeñe en ocultarlas- y quienes no han resistido la tentación de pasar sobre el fondo de la cuestión e infligir una derrota sonada al Gobierno. Al final, por un prurito de vanidad, se ha supeditado el acuerdo sobre el fondo a la oportunidad. de imponerse al Gobierno. Una política miope, en la que, en distintos grados, han incurrido los dos grandes partidos.

Una cosa es comunicar, y otra, negociar. Lo primero es sencillo; lo segundo, no. Pues de eso se trata: de negociar. Aguirre ha puesto en duda la posibilidad de que pueda contar con los nacionalistas. para alcanzar finalmente un pacto educativo. Vuelve a equivocarse. Le guste o no, quienes administran la educación en Cataluña y en el País Vasco son los nacionalistas; porque los Gobiernos autonómicos son parte del Estado. La ministra ha querido descubrir ahora un Mediterráneo ya muy navegado: la dificultad de negociar con los nacionalistas, especialmente en materia de educación.

Tras la confusión, se ha vuelto al punto de partida. Estamos donde estábamos. El decreto del Gobierno no puede ser ya el documento de referencia, sino un material de trabajo para llevar adelante la reforma. Hay que exigir que los partidos políticos, el Gobierno central y los autonómicos no repitan los errores cometidos en estos dos meses caóticos. En beneficio de la educación, que es donde nos jugamos el futuro.