La oposición une su mayoría absoluta contra el plan de humanidades de Esperanza Aguirre

El Gobierno sufrió ayer el más grave revolcón político de la legislatura. Por 180 votos frente a 151 (con dos abstenciones), el Congreso le pidió la retirada del plan de humanidades, el proyecto más emblemático de Esperanza Aguirre. Los diputados del PP, que se quedaron solos en su defensa, despidieron con grandes aplausos y puestos en pie a la ministra, que abandonó el hemiciclo al borde de las lágrimas y entre gritos de "dimisión" en los escaños socialistas. El trago fue doblemente amargo para el Ejecutivo, ya que sus socios de CiU y el PNV se pusieron de acuerdo para abandonarlo a su suerte.

La propuesta del PSOE contra el proyecto fue apoyada también por Izquierda Unida, Coalición Canaria y los seis partidos del Grupo Mixto (Nueva Izquierda, Iniciativa per Catalunya, Bloque Nacionalista Galego, Eusko Alkartasuna, Partido por la Independencia y Unión Valenciana). La proposición no de ley reclama que la ministra invalide su proyecto de real decreto y comience desde cero, con una evaluación del sistema y un amplio proceso de diálogo. Sólo entonces cabría presentar un nuevo proyecto, según el Congreso, cuyo criterio no es imperativo para el Gobierno.No es previsible que el Ejecutivo haga oídos sordos a la Cámara, porque tropezaría de bruces con sus propios socios políticos, los nacionalistas catalanes, vascos y canarios, que en cualquier momento podrían volver a dejarlo en minoría parlamentaria.

El presidente del Gobierno, José María Aznar, se refirió al conflicto en una entrevista en Tele 5, antes de que se supiera el resultado, pero con pleno conocimiento de que las cosas no iban bien para su partido: "Todas esas cosas [los objetivos del decreto] son tan razonables que, al final, la razón y el sentido común deben prevalecer. Ahora el Gobierno está en su sitio, y vamos a ver dónde están los demás, si del lado de la razón o del lado de la sinrazón".

Aznar afirmó que la iniciativa "afecta a la mayoría del país", por lo que su Gobierno "seguirá trabajando" para sacarla adelante. También expresó su convicción de que el desencuentro con sus socios nacionalistas no afectará al pacto de legislatura. En idéntico sentido se pronunció el presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, quien apeló a la necesidad de "aprender a convivir en la divergencia, aunque sea una divergencia profunda".

Ayer, la verdadera batalla se desarrolló en los pasillos y en los despachos del Congreso; incluso durante el debate se cruzaron numerosas llamadas telefónicas para negociar la proposición final, que se basa en la presentada por los socialistas.

La defensa de la proposición inicial corrió a cargo de la socialista Clementina Díaz de Baldeón, que acusó a la ministra de meter al país en un "lío morrocotudo" por romper el consenso que instauró la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). "Estamos muy interesados en una historia común, al menos tan interesados como usted, pero déjenos ayudarla. No sea soberbia, no tome su decreto como las tablas de la ley, porque no lo son", dijo la portavoz socialista a Aguirre. A pesar de sus críticas, Díaz de Baldeón proclamó la disposición de su partido al diálogo y aseguró que los socialistas tienen la mano tendida para colaborar en la mejora de la enseñanza.

El PP se esforzó en atenuar los destrozos de la votación adversa negando cualquier valor jurídico al proyecto de Aguirre. La propia ministra se expresó en estos términos: "Lo que quieren es que retire el proyecto. ¿De dónde lo voy a retirar? Según la definición del diccionario, proyecto es un esquema de trabajo antes de darle a algo forma definitiva. ¿Cómo se retira una propuesta para el diálogo y para el debate? Lo que finalmente se apruebe será muy distinto de lo que hoy está planteado", añadió la ministra, en su afán por reconducir la situación durante el pleno y evitar la petición de retirada.

Aguirre criticó duramente a los socialistas, a los que acusó de haber provocado el problema durante su mandato y actuar ahora de forma irresponsable al "no atender con urgencia el problema del deterioro de las humanidades, denunciado por todos".

"El Gobierno no renuncia ni hace dejación, y mantiene su voluntad y deseo de llevar adelante un plan de mejora de las humanidades", añadió la ministra.

Su proyecto de enseñanzas mínimas en secundarla obligatoria (12-16 años) constituye la primera fase del plan, un compromiso electoral del PP impulsado personalmente por Aznar. Esta primera fase incluye una enumeración muy pormenorizada de los contenidos mínimos de las asignaturas afectadas, en contraste con la norma vigente, que deja amplio margen para que las comunidades, los centros y los profesores desarrollen los contenidos. Las otras dos fases se refieren al bachillerato (16-18) y a la primaria (6-12).

El criterio del Congreso no es vinculante para el Gobierno, que tiene competencia para regular las enseñanzas mínimas comunes de los estudiantes no universitarios. No obstante, la tradición de negociación heredada de la LOGSE, bajo el Gobierno socialista, ha provocado el rechazo al proyecto por parte de los Ejecutivos de cuatro comunidades no gobernadas por el PP -Cataluna, País Vasco, Andalucía y Canarias-, que han criticado el contenido (por promover una visión "unitaria" de la historia y vulnerar los fundamentos de la reforma sin una evaluación de resultados) y el procedimiento (por invadir competencias autonómicas y presentarlo como hecho consumado, pese a los posteriores replanteamientos).