Municipios insumisos

EL FISCAL jefe de la Audiencia de San Sebastián ha interpuesto una querella contra 17 ayuntamientos del País Vasco y Navarra que habían constituido una mancomunidad destinada a promover la insumisión frente al servicio militar y la prestación social sustitutoria. Se les acusa de un delito de "asociación para delinquir". No es difícil ver en la iniciativa de esos ayuntamientos, en su mayoría presididos por alcaldes de HB, una provocación. Sin embargo, no parece que la forma más inteligente de responder a ella sea forzar la ley para encarcelar a los ediles por algo que pronto dejará de ser delito. Se trata, en todo caso, de uno de los efectos derivados del anuncio anticipado de la supresión, en el 2003, del servicio militar obligatorio.La ley obliga a los españoles varones a alistarse en los ayuntamientos el año en que cumplen los 17 años. Ello implica la obligación correlativa de los municipios de tener una sección dedicada a la talla e inscripción de los mozos. Desde hace una década, numerosos ayuntamientos del País Vasco y Navarra -63 el año pasado- vienen negándose a realizar esa tarea, desafiando así la legalidad vigente. El Ministerio de Defensa se ha visto obligado a asumir directamente el reclutamiento de los mozos en bastantes localidades, y varios alcaldes han sido inhabilitados y multados. La provocación aumenta un grado al constituir esa mancomunidad en favor de la insumisión.

El sistema democrático admite la posibilidad de la desobediencia civil: de la negativa pacífica a cumplir una ley considerada injusta como forma de promover su cambio. Pero esa posibilidad implica, o debería implicar, la aceptación de las sanciones que tal actitud pueda ocasionar. Lo contrario equivaldría a aceptar el principio de impunidad. La paradoja de que entre los promotores de la insumisión figuren alcaldes de HB -organización que consideró justo el asesinato de Yoyes, la insumisa por antonomasia- confirma la incoherencia de ese sector. Que algunos partidos democráticos se sumen al desafío, pretendiendo trasladar a las instituciones el derecho individual a la disidencia, resulta especialmente lamentable en Euskadi, donde tan conveniente sería predicar con el ejemplo.

Sin embargo, es dudoso que la respuesta tenga que pasar por una aplicación tan discutible de la ley. La fiscalía invoca el artículo 515, que define la asociación ilícita como aquella que tenga por objeto cometer algún delito. Aunque es seguramente el tipo más genérico de todo el código, resulta forzado encajar ahí una iniciativa como la de esos ayuntamientos. Sobre todo, cuando ayer mismo se discutía en el Congreso una proposición de ley de IU -apoyada por PSOE y PNV- para despenalizar la insumisión. El propio PP, y desde luego CiU, admiten la conveniencia de tal despenalización ante la próxima supresión del servicio obligatorio, aunque consideran prematuro hacerlo ahora. En esas condiciones, pretender encarcelar -penas de uno a tres años- a los alcaldes implicados en la iniciativa parece una desmesura.

Es cierto que cuando algunos municipios iniciaron el movimiento de no alistamiento no existía la perspectiva de la supresión a plazo de la mili. Pero desde que existe, es absurdo ese rigorismo. Más racional sería, en todo caso, la aplicación de las sanciones administrativas previstas para los funcionarios públicos que incumplan sus obligaciones. Dejemos el Código Penal, y sobre todo el delito de asociación delictiva, para asuntos más serios.