El fiscal acusa a 17 ayuntamientos vascos de "asociación ilícita" por promover la insumisión

El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de San Sebastián, Luis Navajas, con el visto bueno del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ha interpuesto una querella por "asociación ilícita" o asociación para delinquir contra 17 ayuntamientos vascos, que han constituido una mancomunidad para promover la insumisión. Los alcaldes de dichos ayuntamientos pueden ser castigados con penas de hasta cuatro años de cárcel y 12 de inhabilitación. La portavoz del PNV en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, Margarita Uría, mostró ayer su sorpresa porque se persiga un delito de opinión.

Hasta ahora, numerosos alcaldes de municipios vascos y navarros han sido acusados de negarse a alistar a los jóvenes de su localidad, incumpliendo las obligaciones previstas en la ley del Servicio Militar, por lo que se les han impuesto penas de multa e inhabilitación, pero nunca de cárcel.La diferencia de la querella interpuesta por el fiscal jefe de San Sebastián, Luis Navajas, radica en que ésta no se dirige contra actos concretos de los ayuntamientos que puedan perjudicar el reclutamiento de los mozos, sino contra su decisión de formar una asociación encaminada a promover la insumisión.

El texto de la querella recuerda que el pasado 26 de febrero se constituyó la Mancomunidad de Ayuntamientos Insumisos Vascos o Eudima, según su acrónimo en euskera, en cuyos estatutos se especifica que los consistorios que la forman "promocionarán, fomentarán y defenderán la insumisión como derecho de todos los ciudadanos de sus municipios, tanto por medio de actuaciones internas como externas". Agrega el escrito que entre las funciones de Eudima está la de "organizar actos e iniciativas que tiendan hacia la sensibilización y fomento de la insumisión y no militarización".

Promover delitos

Para la fiscalía, "resulta palpable que Eudima se constituye con el objetivo exclusivo de promover actividades delictivas, concretamente las tipificadas en los artículos [del Código Penal] 412 (denegación de auxilio), 527 (delito contra el deber de cumplimiento de la prestación social sustitutoria) y 604 (delito contra el deber de prestación del servicio militar)".A su juicio, estas finalidades configuran el tipo de asociación ilícita que, según el artículo 515.1 del Código Penal, son "las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su comisión".

El artículo 517 castiga con penas de dos a cuatro años de cárcel, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a 12 años "a los fundadores, directores y presidentes" de las asociaciones ilícitas y a penas de uno a tres años de prisión y multa de 12 a 24 meses "a los miembros activos" de dichos asociaciones.

La querella se dirigió inicialmente contra los municipios fundadores de la mancomunidad: Oiartzun, Andoain, Aizarnazábal, Anoeta, Beizama, Belauntza, Orexa, Usurbil, Zaldivia y Zestoa, en Guipúzcoa; Aulesti, Dima, Bermeo, Ajangiz y Gatika, en Vizcaya; y Etxarri-Aranatz, en Navarra. Posteriormente, se ha ampliado al ayuntamiento de Elduain (Guipúzcoa), que se sumó a la asociación.

Los alcaldes de estas localidades pertenecen a HB, salvo los de Zestoa (PNV), Bermeo (Eusko Alkartasuna) y Andoain (Partido Socialista de Euskadi-PSOE).

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ha estado en todo momento al corriente del desarrollo de las diligencias, ya que la querella se interpuso en virtud de la documentación aportada por el Ministerio de Defensa y remitida a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de San Sebastián a través de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.

El pasado 2 de junio, el mismo día en que interpuso la querella ante el juzgado de guardia de Tolosa (Guipúzcoa), ya la mancomunidad fijó su domicilio legal en el ayuntamiento de Anoeta, el fiscal Luis Navajas informó de dicha decisión y remitió copia de su escrito a la Secretaría de Cardenal.

El 3 de noviembre, Navajas envió un informe al fiscal general del Estado en el que, tras aludir a una previa conversación telefónica entre ambos, le daba cuenta del desarrollo de la investigación. En concreto, el fiscal jefe de San Sebastián explicaba a Cardenal que hasta ese momento sólo había sido posible interrogar a dos de los querellados, el alcalde de Etxarri-Aranatz (Navarra), que se negó a prestar declaración, y el de Andoain.

Respecto a este último, el socialista José Antonio Pérez Gabarain, advertía que "resulta improbable que se dirija acusación contra él", ya que había demostrado que votó en contra de la incorporación de su ayuntamiento a la mancomunidad de municipios insumisos, aunque no pudo evitarlo al quedarse en minoría, por lo que podría ser citado como testigo en el juicio oral.

"Una vez fijado por el fiscal su inicial criterio en la querella, no se descarta la adopción de cualquier otra postura, si lo aconsejara el procedimiento", agregaba Navajas en su misiva. "Del curso de las diligencias previas [661/97, incoadas por el juzgado de instrucción número 3 de Tolosa] se tendrá oportunamente informado a V.E.", concluía la carta, en alusión al fiscal general.

Fuentes jurídicas manifestaron ayer que, con excepción de la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Filesa, hay pocos precedentes de querellas por asociación ilícita contra grupos que no promuevan la violencia, incluso si la respaldan.

La reciente condena a los, 23 miembros de la Mesa Nacional de HB, que tanta polémica levantó, recordaron las mismas fuentes, no se basó en la ideología o los objetivos políticos de la coalición abertzale sino en un acto concreto: la decisión de ceder a ETA los espacios adjudicados a sus candidaturas en la última campaña electoral.