40.000 regantes reclaman a Tocino el impacto ambiental de un embalse para combatir futuras sequías en el sur

A dos semanas de que expire el año, los 40.000 regantes integrados en la Federación de la Cuenca del Guadalquivir se han dirigido a la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, para reclamar la declaración de impacto ambiental del embalse de la Breña II sobre el río Guadiato, cerca de la capital cordobesa.En una entrevista celebrada en julio pasado, la ministra se comprometió a tener listo ese documento antes del 31 de diciembre. "Faltan dos semanas y aún no sabemos nada; tememos que no se va a cumplir el calendario", afirma Pedro Parias, secretario de la Federación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Guadalquivir.

"Estamos preocupados", insiste Parias en una carta remitida a la ministra recordándole su promesa. "La cuenca del Guadalquivir no puede volver a sufrir la tremenda sequía pasada, que hizo que más de 40.000 personas se manifestaran en Sevilla al grito de Agua sí, paro no. Esto tiene solución".

Un billón de pérdidas

La sequía de 1992-1995 dejó sin agua al bajo Guadalquivir y un billón de pesetas en pérdidas para la región. Los empleos netos malogrados definitivamente ascendieron a 20.000, según ha relatado Juan Saura, comisario de la cuenca en la III Conferencia sobre Gestión de Sequías, celebrada en Valencia.El proyecto Breña II fue encargado en 1991 y sometido a información pública en 1996. Aunque se recibieron 1.680 alegaciones favorables a su construcción, plantea problemas medioambientales. La inundación afectaría a una zona de protección de aves dentro del Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos, gestionado por la Junta de Andalucía. La Consejería de Medio Ambiente andaluza informó en 1993 al Gobierno socialista sobre los impactos críticos en algunas comunidades vegetales de gran valor y en la supervivencia de especies en extinción. En cualquier caso, exigiría desarrollar medidas compensatorias para recrear en las proximidades hábitats similares a los afectados.

Tanto el PSOE como el PP incluyeron en sus programas electorales el compromiso de llevarlo a cabo. La ex secretaria de Estado de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunció en noviembre de 1995 que el dictamen sobre el embalse -800 millones de metros cúbicos de capacidad- se resolvería en un mes. Según ha asegurado un portavoz del ministerio, la declaración es cuestión de días.