Los agricultores españoles confían en que la sentencia sea efectiva

El Gobierno central, la Junta de Andalucía y las organizaciones agrarias españolas mostraron ayer su satisfacción por la sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, que condena a Francia por las agresiones de los agricultores de ese país contra los cargamentos españoles de frutas y hortalizas.Representantes del sector agrario coinciden en señalar que se trata fundamentalmente de un triunfo moral, ya que la sentencia no conlleva el pago de indemnizaciones por los daños sufridos en los años precedentes. Las organizaciones agrarias Asaja, Coag-IR, UPA y la Confederación de Cooperativas explican que, al margen de la importancia jurídica de la sentencia, los resultados tienen que notarse en la próxima campaña de exportación".

La Federación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex) estudia presentar demandas ante los tribunales franceses para reclamar los daños ocasionados tanto por la destrucción de mercancías como por el impacto de esta práctica sobre los mercados. Esta organización estima esas pérdidas en 25.000 millones de pesetas.

El ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, dijo que "es una sentencia esperada en los términos en que se ha producido y se trata de una de las acciones acometidas por la Administración española para hacer valer sus derechos dentro de la UE".

Firmeza contra la agresión

La ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, mostró su convencimiento de que "las actuales autoridades francesas actuarán con más rotundidad contra los actos vandálicos de los agricultores galos". La ministra indicó que si hay nuevas agresiones, habrá denuncia inmediata ante el Tribunal de Luxemburgo. España pedirá en la próxima reunión de jefes de Estado y de Gobierno un mecanismo para agilizar las condenas contra los países que no garanticen el libre tránsito de mercancías.Para el director de Fepex, Jose María Pozancos, "la sentencia es importante porque ha desmontado la defensa del Gobierno francés, que justificaba las agresiones por el exceso de competitividad de los agricultores españoles alegando la posibilidad de contar con subvenciones". El Tribunal acusa a Francia de querer nacionalizar su mercado para sus productos y justifica la producción española más barata y competitiva.

El próximo día 18 está prevista una reunión en el Ministerio de Agricultura entre organizaciones agrarias de ambos países para buscar salidas negociadas a este problema.