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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Política de pretextos

HA TRANSCURRIDO la primera semana de la cumbre de Kyoto sobre el clima, dedicada a tratar los problemas más técnicos asociados a la disminución de las emisiones de gases de invernadero y a preparar el trabajo de los reponsables políticos a partir de mañana. En ese debate técnico se han producido algunos avances, aunque más bien modestos. Lo que ha preocupado realmente a los delegados presentes han sido los aspectos más políticos de la cuestión.Los datos científicos del problema son de sobra conocidos. De ellos se deduce la necesidad de empezar a tomar medidas para disminuir la contaminación atmosférica, especialmente de dióxido de carbono. El esquema básico era conocido: reducir en un 15% para el año 2010 los niveles de emisión alcanzados en 1990. Una medida que afecta en primer término a los países más desarrollados, que son los que han creado el problema de la contaminación y los que siguen emitiendo mayores cantidades de gases de invernadero per cápita. Había problemas para fijar los porcentajes de reducción, de equidad en la distribución de los esfuerzos, de contraprestaciones para los países menos desarrollados afectados por esas medidas y de concreción de las decisiones de política energética, de transportes o de industria para que tales reducciones se ejecuten.

Sin embargo, una gran parte del tiempo de los delegados se ha empleado en la discusión del caso de la Unión Europea (UE). Europa acepta el compromiso enunciado anteriormente, pero lo aplica globalmente, de modo que, en el tiempo fijado, el conjunto de la UE habrá reducido sus emisiones según lo acordado, pero reservándose la potestad de distribuir la carga entre sus miembros de modo que reduzcan más los que más han contaminado y siguen contaminando. Así, Alemania o el Reino Unido deberán ir más allá de lo estipulado para el conjunto, mientras que países como España o Portugal -que emíten una cantidad de dióxido de carbono per cápita inferior a la media europea- pueden estabilizarse e incluso aumentarlas.

Sería mejor que las autoridades españolas adoptaran un compromiso más decidido para reducir las emisiones de CO2 también en nuestro país, especialmente por el efecto pedagógico. Pero lo cierto es que la posición europea es equitativa. Pues bien, Estados Unidos -que es con diferencia el que más gases de invernadero vierte a la atmósfera tanto en términos absolutos como per cápita- se ha enzarzado en una agria disputa con la UE porque alguno de sus países, particularmente España, pueda resultar beneficiado mientras otros socios de la Unión Europea aceptan compromisos más rigurosos.

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Tanto esta polémica como la continua presión sobre los países menos desarrollados para que fijen también objetivos de reducción tienen todo el aspecto de ser un pretexto para enredarse en cuestiones laterales y no afrontar las más importantes y dificiles. Esperemos que la llegada, mañana, de los ministros del ramo a Kyoto, incluido el vicepresidente norteamericano, Al Gore, dinamice lo que resta de cumbre. Lo contrario sería una terrible decepción.

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