Los grandes 'capos' colombianos del narcotráfico y escapan a la extradición pretendida por EE UU

El Congreso colombiano resucitó, tal y como estaba previsto, la ley de extradición para colombianos, pero ésta no afectará, también como se presumía, a los grandes capos del narcotráfico hoy en prisión, tal y como quería el Gobierno de Estados Unidos. En total, 119 representantes de la Cámara baja votaron para que esta herramienta leal no pueda aplicarse a delitos cometidos antes de la vigencia de la reforma constitucional.

"Es un pésimo ejemplo para Colombia que una decisión del Congreso de la República se celebre en La Picota" (así se llama la cárcel donde están recluidos los hermanos Rodríguez Orejuela, jefe del cartel de Cali), afirmó Alfonso Valdivieso, ex fiscal y candidato presidencial. Para Valdivieso, la decisión equivale a un indulto para "delincuentes que tanto daño le han hecho al país".La votación se dio hacia la medianoche del martes (madrugada de ayer en España), después de casi doce horas de debate. Siete ministros asistieron al salón Elíptico en la Cámara baja, el mismo recinto donde hace poco más de un año se absolvió al presidente Ernesto Samper en el juicio por la aportación de dinero del cartel de Cali a su campaña.

El embajador saliente de Estados Unidos, Myles Frechette, aseguró hace poco que le gustaría ver los mismos 112 votos que exculparon entonces al primer mandatario apoyando ahora una extradición con retroactividad. Ayer, muchos culparon al Gobierno de lo ocurrido en el Congreso. "La mayoría liberal ha sacado adelante todos los proyectos en que se ha empeñado; en este caso faltó decisión del Ejecutivo".

Triunfo "agridulce"

Para el Gobierno, como lo dijo apenas terminó el debate la ministra de Relaciones Exteriores, María Emma Mejía, fue un triunfo "agridulce". El presidente de la República calificó, en un comunicado oficial, de "histórica" la decisión de resucitar la ley de extradición. Manifestó que respeta la decisión del Legislativo, pero que "hubiera preferido una figura sin condicionamientos". Samper anunció también que solicitará a la Corte Constitucional un examen y un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de lo aprobado en la Cámara. Existe la duda de si hubo o no fallos de procedimiento en el trámite para enmendar la Carta Magna.Las reacciones no se hicieron esperar. Las más duras provinieron de los candidatos a la presidencia. "Fue un éxito para el Gobierno. Consiguió su propósito. Después de conseguir la financiación de su campaña por el narcotráfico tenía que cumplirlen que no hubiera una extradición que les pudiera afectar" a los narcos, dijo Noemí Sanín, conservadora independiente.

En el debate no hubo sorpresas. Algunos usaron discursos con fuerte sabor nacionalista planteando que lo único en juego era la soberanía nacional; otros fueron más directos: "Tenernos que ser claros: la retroactividad se llama hermanos Rodríguez Orejuela", afirmó Ingrid Betancourt. "En este país, ¿quién no convivió con la corrupción' y con el narcotráfico? Aquí, la cuestión es de sinceridad", dijo Marta Catalina Daniels, una de las más fieles amigas del presidente. Ella, junto a Carlos Alonso Lucio, planteó la idea de realizar un referéndum para que los colombianos decidan si quieren o no la extradición. El presidente Samper aseguró ya que no apoya esta idea, porque llevaría a un nuevo año de sangre. Lo afirmó en una conferencia de prensa ayer por la mañana, en la que reiteró que se ha dado un paso fundamental en Colombia: "Aquí, la palabra extradición está rodeada de muerte, de terror. Hemos conseguido que sin un solo tiro, sin una sola bomba, se regrese a esta figura. Es un éxito de Colombia, no del Gobierno". En esta conversación con la prensa, el presidente se quejó porque, "cuando se prohibió la extradición en la Constitución de 1991, nadie dijo nada". Sólo en los últimos minutos del debate, una intervención de la ministra de Relaciones Exteriores impidió que, por imprecisiones, en la redacción, los extranjeros quedaran cobijados por la no retroactividad y Colombia automáticamente quedara convertida en "paraíso para los delincuentes".

El tratado de extradición entre Estados Unidos y Colombia fue firmado en 1979. Sólo cinco años después del asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara, por parte de la mafia, el entonces presidente Belisario Betancur aplicó por primera vez esta herramienta y 13 colombianos fueron a parar a cárceles norteamericanas. Luego vinieron varios pleitos judiciales que hundieron y revivieron, por periodos cortos, el tratado. El Gobierno de César Gaviria creó la política de sometimiento a la justicia: entrega voluntaria de los capos a cambio de no extradición. En 1991 la Asamblea Constituyente prohibió la extradición y, minutos después, Pablo Escobar, el temible jefe del cartel de Medellín, se entregó a la justicia.