Contra la buena voluntad
Lamentable me parece que las Administraciones Públicas recurran directamente o a través de ONG a las voluntarias y los voluntarios para cubrir necesidades sociales de primer orden.Penoso resulta comprobar cómo jóvenes que finalizan estudios profesionales o universitarios necesitan currar a veces hasta seis meses, por la cara, para realizar prácticas no remuneradas en Administraciones Públicas o entidades privadas, que en la mayoría de los casos ni sirven para aprender ni, mucho menos, para cubrir expectativas profesionales en el ámbito social.
Pero inadmisible considero que los objetores de conciencia sean obligados a desarrollar trabajos sociales para los que no están preparados, ni tan siquiera motivados, evitando que se creen puestos de trabajo ocupados por profesionales, y favoreciendo, una discriminación sexista con respecto a las mujeres, que, afortunadamente para ellas, no son privadas de libertad durante 13 meses-
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