Menos asignaturas y oposiciones más difíciles

El documento acordado la semana pasada entre los rectores y la Administración estipula que la carga lectiva de los estudiantes se reducirá limitando el número de asignaturas y flexibilizando el crédito académico. El Consejo de Universidades, que hace un año se pronunció en favor de ambas iniciativas (aunque la reducción sólo se recomendaba, no se imponía), tendrá que volver a solicitarlas al Gobierno para que las apruebe por real decreto.Asignaturas. Los cursos tendrán nueve asignaturas como máximo. Teniendo en cuenta la distribución cuatrimestral de muchas de ellas, no podrán cursarse simultáneamente más de seis materias (con un mínimo de 45 horas las cuatrimestrales y de 90 las anuales). La actual media de asignaturas es de 18. Fuentes universitarias consideran esta medida de muy difícil aplicación para algunas carreras porque tendrían que aumentar su duración de cuatro a cinco años, en contra de la tendencia general.

Créditos. Un máximo de tres de cada diez horas de un crédito podrán dedicarse a "actividades académicas dirigidas" ajenas a las clases teóricas o prácticas convencionales, siempre que se incluyan en los planes docentes (junto con sus procedimientos de evaluación) y que ello no altere el régimen de dedicación del profesorado. Esta propuesta fue tajantemente rechazada en su momento por Esperanza Aguirre por temor a que las tres horas se convirtieran en tiempo libre para profesores y alumnos.

La estructura del profesorado definida en el título V de la Ley de Reforma Universitaria (LRU) cambiará con la creación de dos nuevas figuras y la modificación de las oposiciones. Ambos cambios deberán ser aprobado por el Parlamento, ya que afectan a una ley orgánica. Los sindicatos exigen que la proposición de ley sea negociada con ellos.

Contratados doctores. Serán profesores con contratos renovables, de amplia duración y a tiempo completo. La contratación exigirá la valoración del historial investigador y docente, con una eventual evaluación extema a la universidad contratante. El número de doctores con contrato de asociado es actualmente de 7.500.

Colaboradores. Será una amplia categoría de contrato renovable a tiempo completo, a tiempo parcial o para servicios docentes específicos (como determinadas materias o cierto número de créditos).

Asociados. Se mantiene la figura de profesor asociado, pero se depurará limitándola, como indica la LRU, a los especialistas de reconocida competencia que desarrollen su actividad profesional fuera de la universidad. Esta figura se ha convertido n un cajón de sastre que incluye a 21.240 profesores, muchos de los cuales se encuentran en situación precaria.

Pruebas de oposiciones. Se endurece la segunda prueba: el tema de exposición pública (una especie de simulación de clase con el correspondiente debate) ya no será de libre elección del candidato, sino que lo elegirá el tribunal entre los preseleccionados por sorteo. Se mantiene la primera parte de la oposición (historial y programa personal de la materia) y se incluye una tercera prueba, una práctica de la que no se ha precisado nada. Este cambio afecta a tres puestos de funcionarios: titulares y catedráticos de Escuelas Universitarias y titulares de Universidad. Nada se dice de los catedráticos de Universidad.

Tribunales de oposiciones. La universidad convocante sólo designará a uno de los cinco miembros del tribunal. Los otros cuatro serán designados por sorteo, todos ellos de distintas universidades siempre que sea posible. El sistema 1 + 4 sustituye al actual 2 + 3, al que determinados sectores, incluidos los responsables ministeriales, responsabilizan en parte de la endogamia universitaria.

Otros expertos universitarios afirman que la modificación recorta la autonomía de las universidades y puede propiciar un mercadeo de votos. Refuerzan su rechazo con un ejemplo: si una universidad pierde margen de maniobra para elegir a sus profesores es como si los fichajes del Real Madrid los hiciera el Atlético o el Barcelona.