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Las universidades reclaman 300.000 millones para equipararse a las europeas

Los rectores debaten en Salamanca el futuro de la enseñanza superior

La calidad de la universidad española estará amenazada si las Administraciones no aumentan el gasto público un 50%, desde los actuales 600.000 hasta los 900.000 millones, según los datos barajados ayer en las jornadas Los objetivos de la Universidad ante el Nuevo Siglo, convocada en Salamanca por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). "Las medidas de ahorro y de reducción de gasto están tocando fondo", advirtió el presidente de la CRUE, Carles Solà, quien calificó de "extraordinariamente preocupante" la divergencia creciente de España respecto a los países más avanzados.

"La Universidad no puede aceptar el imperio del dios mercado", dijo Solà, quien añadió: "No se trata de pedir por pedir, sino de reclamar lo que necesitamos para prestar un servicio a la sociedad". El presidente de los rectores españoles reforzó sus argumentos con datos sobre el gasto público por estudiante: por cada 100 pesetas que gasta España, Italia emplea 155, Francia 160, Holanda 260, Suecia 380 y Estados Unidos 420.

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En la primera convocatoria masiva de los responsables universitarios desde la firma del acuerdo con la Administración sobre los planes de estudio y el profesorado, las jornadas de la Conferencia de Rectores reunieron en el edificio histórico de la Universidad de Salamanca a 39 rectores y 25 vicerrectores, además de representantes de las comunidades autónomas y de los sindicatos de enseñanza. La mayoría de los rectores expresaron en privado su sorpresa por el hecho de que la ministra de Educación, que hoy tiene previsto clausurar la conferencia, haya pasado del rechazo a la plena aceptación de sus demandas de reforma, pero ninguno se explicaba las razones del cambio.

Grupos de trabajo

Tras las intervenciones de presentación de Carles Solà y del anfitrión, el rector Ignacio Berdugo, la conferencia inaugural corrió a cargo de Josep María Bricall, presidente de los rectores europeos, y los participantes se distribuyeron en cuatro grupos de trabajo: Poderes públicos, cuyos ponentes fueron los ex ministros Alfredo Pérez Rubalcaba y Luis González Seara; Demanda Social, con Gregorio Peces-Barba, Salvador Giner y Salvador Sánchez Terán; Financiación y Gestión, con Jordi Monserrat, María Jesús San Segundo y José Ginés Mora, y Cooperación Internacional, con Marco Antonio Dias, responsable de Educación Superior de la Unesco.Solà lamentó la desconfianza de los políticos en la autonomía y la madurez de la universidad y señaló uno de los objetivos básicos de la educación superior: "Pasar de la cultura de la enseñanza a la del aprendizaje".

La necesidad de que las universidades públicas busquen también ingresos privados fue respaldada por diversos participantes como forma de ensanchar el grado de autonomía universitaria y asegurarse la supervivencia financiera. Bricall calificó de "dramático" el problema que afronta la universidad en todos los países como consecuencia del estancamiento del gasto público.

González Seara, que presidió la comisión Rectores-Administración sobre las reformas universitarias, se refirió a la responsabilidad de las Administraciones: "Las programaciones educativas hay que hacerlas a medio y largo plazo, y el mercado no está en condiciones de fijar el largo plazo. Los poderes públicos sí deben plantear objetivos y definir instrumentos". El ex ministro propugnó que las universidades no intenten abarcar todas las disciplinas: "La universidad debe abarcar el conjunto de saberes, pero no cada universidad".

La política del distrito único (que las universidades acojan a estudiantes sin tener en cuenta su comunidad de origen) fue defendida por Peces-Barba y González Seara como instrumento de movilidad estudiantil y fomento de la competitividad entre las universidades.

Los ponentes del grupo de Financiación y gestión destacaron en su informe que la gratuidad de la enseñanza universitaria no garantiza la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades depende, más que de las tasas o de las becas, de la mejora del éxito académico en primaria y secundaria.

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