Imitarse a sí misma

EL ACUERDO sobre la reforma universitaria es un buen camino que la ministra de Educación, Esperanza Aguirre, debería seguir también en otros conflictos que ha abierto por iniciativa propia en los últimos meses, muy particularmente en la reforma de la enseñanza de humanidades. La ministra acertó al fin cuando aceptó sentarse a negociar con los rectores. La Universidad debe afrontar ahora con serenidad, pero sin dormirse en los laureles, su propia redefinición para un futuro que ya está empujando la puerta. Las conclusiones a las que han llegado representantes de las universidades y de la Administración se parecen a las que le costaron el puesto al anterior secretario de Estado de Universidades, Fernando Tejerina, como dos gotas de agua. Lo que ayer era inaceptable para la ministra es hoy un compromiso en firme. ¿Dirá Fraga que este Gobierno también acierta cuando rectifica"?Cuando el documento acordado se convierta en norma se aliviará la sobrecarga lectiva de los estudiantes (con la reducción del número de asignaturas y una nueva definición del crédito académico), se reducirá la precariedad profesional que afecta a casi 22.000 profesores (con la creación de dos nuevas figuras docentes: contratado doctor y colaborador) y se modificará el sistema de oposiciones (con cambios en las pruebas y unos tribunales con un solo profesor de la universidad en cuestión). Los cambios en el profesorado podrán ponerse en marcha el curso que viene, pero es probable que los nuevos planes de estudio deban esperar al siguiente.

La ministra, que acaba de pasar un mal trance en el, Parlamento, donde socios y adversarios han compartido durísimas críticas a su plan sobre la enseñanza de las humanidades, tiene aquí un modelo a seguir. Aunque la palabra negociar no forme parte de su vocabulario, estaría bien que aplicara su estrategia universitaria a la reforma de las humanidades en la secundaria obligatoria (ESO). Seguramente hay muchos dispuestos a admitir que la enseñanza de la historia necesita alguna: revisión, pero cambiar los planes educativos por decreto es la antesala del conflicto, si no de la guerra política.