CiU y Gobierno no se ponen de acuerdo sobre el alcance del "medicamentazo"

El Gobierno y CiU han abierto otro frente de conflicto; esta vez por la financiación de la sanidad. El problema ya no está en la cifra, 165.000 millones de pesetas, sino en la forma de recaudarla. Los nacionalistas catalanes se oponen a que el Gobierno reduzca ampliamente el listado de medicamentos gratuitos -el llamado medicamentazo- como fórmula para conseguir un ahorro importante, y proponen que la poda se limite a los de baja composición terapéutica. Asimismo, CiU cree que los impuestos especiales deben desempeñar un papel más relevante vara obtener los ingresos buscados.

Las conversaciones entre el Gobierno y CiU sobre la financiación adicional de la sanidad están bloqueadas a sólo quince, días de que el debate presupuestario se inicie en el Senado, donde debe tramitarse la solución. La cuestión de fondo es que el Gobierno no quiere asumir en solitario medidas impopulares que cree necesarias, como el medicamentazo, y CiU tampoco está dispuesto a coger esa patata caliente, que además perjudica a la industria farmacéutica, según los socios del Ejecutivo.Frente a la posición del Gobierno de acudir al medicamentazo como una fórmula de financiación adicional de la sanidad, el diputado de CiU Francesc Homs, que lleva el peso de la negociación por los nacionalistas catalanes, manifestó ayer que su propuesta para recaudar los 165.000 millones es diferente. CIU, según Homs, cree que no es necesario que el Gobierno acuda al rnedicamentazo -amplia reducción de la lista de medicamentoshasta ahora exentos.

Fórmula alternativa

El representante de CiU propone como fórmula alternativa que los usuarios, sean activos o pensionistas, sólo paguen los medicamentos de baja cdmposición terapéutica. A juicio de Homs, el medicamentazo es una solución que puede causar graves perjucios a la industria farmacéutica, radicada básicamente en Cataluña.Homs cree que con los cerca de 50.000 millones de pesetas que el Gobierno prevé conseguir en la lucha contra el fraude en la incapacidad laboral, con el ahorro en fármacos por la vía mencionada, con la supresión del 15% en la factura farmacéutica y con una subida de los impuestos especiales (tabaco, alcohol e hidrocarburos) se recaudarán los 165.000 millones pactados para cubrir el déficit sanitario.

Pero el Gobierno muestra aquí una segunda discrepancia al mostrarse reticente a una subida significativa, de los impuestos especiales por temor a que se dispare el IPC. Así lo ha expresado el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, que el miércoles ya adelantó en el Senado su oposición a la subida de los hidrocarburos, algo que asume CiU.

El problema que se plantea al Gobierno y a CiU es que hay un plazo para el acuerdo, y empieza a correr el reloj. El 1 de diciembre es importante porque algunos de los acuerdos, ahora bloqueados, tendrán que aprobarse en la Cámara alta a través de enmiendas en los Presupuestos. Es el caso de los más de 40.000 millones que el Gobierno calcula que se obtendrán por la lucha contra el fraude en la incapacidad laboral transitoria. Antes de esa fecha, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) -presidido por el ministro de Economía y vicepresidente segundo del Gobierno, Rodrigo Rato, e integrado por representantes del Goblerno y las comunidades tendrá que acordar los criterios; definitivos de reparto entre las comunidades, pero el Gobierno no quiere convocarlo hasta que consiga un acuerdo con sus socios nacionalistas y con las comunidades autónomas más afectadas.

Además de las desavenencias con CiU, el Gobierno debe afrontar el desacuerdo del PSOE, que gobierna en tres comunidades (Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha), por el reparto de los 165.000 millones. Los socialistas no admiten que la mayor parte el fondo adicional -unos 55.000 millones- lo absorba Cataluña, y que a las diez comunidades del llamado territorio Insalud les corresporidan sólo 6.000 millones.

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