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Nuevo choque entre Esperanza Aguirre y CiU

La ministra quiere elaborar un registro con los libros de texto de cada autonomía

Esperanza Aguirre y la Generalitat de Cataluña han vuelto a sufrir un encontronazo. La ministra de Educación ha enviado a los Gobiernos autonómicos un proyecto de real decreto sobre la creación de un depósito de todos los libros de texto de cada comunidad. Las editoriales estarían obligadas así a entregar en el ministerio un ejemplar de todas las ediciones escolares al mismo tiempo en que lo hacen en cada comunidad. La reacción de Convergéncia i Unió (CIU) no se ha hecho esperar. El departamento de Enseñanza de la Generalitat lo ha rechazado de plano.

Convergéncia -que gobierna en la Generalitat y apoya en las Cortes al PP- considera el texto una nueva limitación de las competencias educativas, un intento de controlar si los textos de historia respetan el decreto de humanidades que fue rechazado por los nacionalistas catalanes y vascos.Por su parte, el secretario general de Educación, Eugenio Nasarre, declaró ayer que la única intención ministerial es crear un depósito con todos los textos editados en España, con fines meramente informativos.

"Intolerable", respondió ayer el consejero de Enseñanza de Cataluña, Xavier Hernández, alegando que ésta es una competencia que corresponde a las comunidades y que ha sido ejercida satisfactoriamente, en el caso de Cataluña, desde 1980.

El. decreto, remitido por la ministra a finales de octubre a todas las comunidades con competencias en Educación, ha sido rechazado, asimismo, por el País Vasco, Navarra y Andalucía, según informaba ayer El Periódico de Catalunya. Su distribución a las consejerías de educación se produce unos meses antes de que las 10 comunidades gestionadas por el ministerio recibieran, en 1998, el traspaso de competencias. Un primer borrador que incluía el depósito previo central de los textos por parte de las editoriales, presentado en julio por la ministra a los consejeros, fue rechazado también.

Hasta la fecha, con las transferencias educativas se traslada a las comunidades autónomas la competencia sobre autorización de los libros de texto, mientras que el Ministerio las mantiene para las diez regiones que gestiona. Las editoriales presentan ahora un primer proyecto en las consejerías, en forma de índice acompañado de uno o varios capítulos o unidades didácticas de muestra. En una segunda fase, las editoriales presentan el texto completo y, si es aprobado por la consejería correspondiente o por el ministerio en su caso, proceden a la publicación del libro definitivo.

Enseñanzas mínimas

La Alta Inspección del Estado puede, posteriormente, revisar si el contenido responde a las enseñanzas mínimas y, en caso de diferencias, lo habitual es establecer una negociación entre el Ministerio y la consejería correspondiente para posibles rectificaciones. Este tipo de asuntos, como otros, es tratado habitualmente en la conferencia que la ministra mantiene cada seis meses con los consejeros de educación.El proyecto de decreto ha sido visto por el grupo socialista como portador de un único objetivo: controlar. "Y esto sería una injerencia intolerable en las competencias asumidas por las comunidades", declaró ayer Amparo Valcarce, diputada por León. Valcarce ve en la medida del PP "una falta de confianza que, a su vez, sólo genera desconfianzas entre administraciones; y esto es muy grave".

Para las autonomías que han rechazado el proyecto y para los socialistas, esta medida representa un nuevo intento de la ministra de asegurarse que las comunidades y, en particular Cataluña y País Vasco, van a respetar el decreto de humanidades referido a la Historia. "Si lo que quiere el Ministerío es crear un depósito, con una simple circular dirigida a las editoriales obtendría los ejemplares que desease. Un real decreto no parece razonable", añade Valcarce.

El secretario general de Educación, Eugenio Nasarre, quiso ayer limar asperezas insistiendo en que la única pretensión, a las puertas del traspaso de competencias educativas a las 10 comunidades, se centra en crear un depósito que reúna todas las publicaciones de textos en un mismo lugar: el ministerio. "El proyecto", dijo Nasarre, "no supone ningún menoscabo de las competencias qué en materia educativa tiene cada una de las administraciones autonómicas, sus fines son puramente informativos".

Nasarre asegura que las editoriales no ven ningún inconveniente en depositar los libros, einsistió en que con el traspaso definitivo de competencias para 1998 "el ministerio se encontraría en una situación paradójica si carece de instrumentos para estar informado de los libros de texto que se editan en España. El decreto", añadió, 11 presenta la solución más elemental. Una circular no nos coloca en el mismo rango que el que se exige a las editoriales con el depósito de dos ejemplares en cada comunidad".

Depósito legal

Todo libro publicado en España está obligado a un depósito legal en la Biblioteca Nacional de tres ejemplares. Pero, según Eugenio Nasarre, estos volúmenes están para otros fines, como convenios internacionales, y no a disposición del Ministerio de Educación.Para un antiguo cargo ministerial del gobierno socialista, la intervención del Gobierno debe limitarse en comprobar si los decretos de currículo de las autonomías incluyen las enseñanzas mínimas, y nunca puede darse ningún tipo de injerencia en los que enseñan los profesores ni en los materiales que se utilizan en las escuelas.

Las autonomías catalana y vasca han vuelto a sentir un pullazo en la espalda. Llueve sobre mojado. No toleraron que la ministra Aguirre les dijera cómo tenían que contar la historia a sus escolares a través de un proyecto de decreto para la mejora de las humanidades que la ministra presentó a los medios de comunicación sin haber consultado antes a las distintas consejerías autónomas. El proyecto de humanidades fue catalogado por los críticos de homogeneizador de la enseñanza y de corsé y representaba una invasión de competencias.

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