Varios países latinoamericanos exigirán a Castro la liberación de esos políticos en Cuba

Fidel Castro volverá a ocupar el centro del escenario de la VII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebra este fin de semana en Venezuela. En esta ocasión, sin embargo, Castro, además de ser la estrella mediática, deberá responder a las condiciones que varios países latinoamericanos le plantearán como condición para acudir en 1999 a Cuba a la IX Cumbre Iberoamericana. La lista de condiciones, según confirmó a EL PAÍS el ministro de Asuntos Exteriores argentino, Guido di Tella, incluye la liberación de un determinado número de presos políticos.

Las principales condiciones que le serán presentadas a Fidel Castro, según las fuentes consultadas, son:- Excarcelaciones de presos políticos.

- El libre acceso de la prensa internacional a todos los sectores de la sociedad cubana y su libertad de movimientos en la isla.

- Transmisión completa de los debates de la cumbre a la opinión pública cubana.

- Libertad para el contacto de los participantes en la cumbre con todos los sectores políticos de Cuba. "Como hizo Bill Clinton cuando estuvo en Argentina", comentó el ministro argentino.

Según diversas fuentes diplomáticas, Argentina, Panamá, Nicaragua, El Salvador y posiblemente Chile, llevarán la voz cantante en el coro que exija a Cuba gestos concretos para acudir a celebrar la penúltima cumbre del siglo a La Habana. La diplomacia española, que ha recibido ánimos de Estados Unidos para que lidere la campaña en favor de la democratización de la isla, considera que puede ser una buena oportunidad para que se registren avances políticos en Cuba.

Esta lista de condiciones como otros muchos temas que se tratarán a puerta cerrada y en los pasillos de la cumbre, no figuran en la declaración final que bajo el título de Los valores éticos de la democracia aprobarán, por unanimidad, los jefes de Estado y de Gobierno que se reunirán este fin de semana en la isla de Margarita (Venezuela). Ésa ' será, sin embargo, la gran batalla política que se desarrollará entre bambalinas, y a la que ya se han apuntado diversos países.

La decisión de que la cumbre de 1999 se celebre en Cuba se adoptó por unanimidad en 1992 en España. Las escaramuzas dialécticas que se prevén en isla Margarita no serán, sin embargo, nada más que la preparación de la batalla final que se dará en la cumbre de Portugal el año próximo.

La diplomacia española sigue con especial atención el caso de Cuba, tras las tensiones surgidas entre ambos Gobiernos en la última cumbre de Santiago de Chile. Esta será la primera cumbre para el ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, que no pudo asistir, por una inoportuna gripe, a la de Santiago, en la que José María Aznar invitó a Castro a "mover ficha". Matutes, que se entrevistó el pasado fin de semana en Washington con la secretaria de Estado norteamericana, Madeleine Albright, lo hará el viernes en isla Margarita con el ministro de Asuntos Exteriores cubano, Roberto Robaina. Fuentes diplomáticas españolas han señalado que del resultado de está cumbre depende en gran medida el nombramiento de un embajador español en La Habana, cargo vacante desde hace un año por la retirada del plácet al embajador designado, José Coderch.

El debate de Cuba, sin embargo, no será el único que se dé en esta cumbre. El más curioso es el que enfrenta al país anfitrión, Venezuela, con otros países por un capítulo de la declaración final que incluye el derecho de todos a una "información veraz". México y Chile, con el pleno respaldo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que agrupa a los principales medios de comunicación del continente, quieren que se retire el adjetivo "veraz", por considerar que se trata de un intento de poner límites a la información, en una zona del mundo donde todavía se paga con la vida el derecho a informar. España se alinea con países partidarios de eliminar cualquier adjetivo al derecho a la información, pero se encuentra con un pequeño obstáculo: la propia Constitución española defiende el derecho a una "información veraz".

El polémico capítulo sexto de la declaración consta, a su vez, de siete artículos, entre los que se incluye la habitual garantía del respeto a las legislaciones "nacionales" que ponen sordina a tan enfática declaración de principios. Dice así: "Al reiterar nuestro compromiso con las libertades de expresión, de información, de opinión y el derecho a una información veraz, lo hacemos en el contexto de su conformidad con nuestras respectivas legislaciones nacionales, así como con los principios y normas consagrados en diversos instrumentos internacionales sobre la materia". Es decir, que igual vale para Cuba, Perú, Chile o España.

La diplomacia española moverá también la iniciativa de crear una fuerza iberoamericana de paz, a disposición del secretario general de la ONU, para misiones de pacificación en el continente o en otro lugar. La iniciativa no tiene posibilidad de prosperar por la hostilidad de Cuba y México y las reticencias de Brasil.