Lo inverosímil

DE ENTRE las respuestas posibles al documento elaborado por el director de la Oficina Presupuestaria de la Presidencia del Gobierno, José Barea, sobre la existencia de un déficit adicional de 600.000 millones en los Presupuestos de 1997, el Gobierno eligió, probablemente, la peor. La versión de la Secretaría de Estado de Información según la cual Barea elaboró 24 horas después un segundo informe que desmentía al anterior y bendecía los Presupuestos de este año y los de 1998 es, sencillamente, inverosímil. Así se desprende de la intervención del vicepresidente Álvarez Cascos en el Congreso, que en una sesión de control parlamentario dijo ayer que las cuentas, públicas en nada habían cambiado entre el 24 de septiembre, fecha del primer informe de Barea, y el 26 de septiembre, día en que el Consejo de Ministros aprobó el Presupuesto. ¿Qué motivos tenía Barea para desmentir su primera versión, expuesta en el documento que desveló Almunia?Si el Gobierno dice la verdad y existe un segundo documento que niega el déficit suplementario denunciado en el primero, está obligado a darlo a conocer al Parlamento. No estamos ante un texto oficial que ponga en peligro la seguridad del Estado, comprometa intimidades o esté sellado como confidencial; por tanto, la opinión pública tiene derecho a saber si Barea rectificó, efectivamente, su análisis inicial, y en caso afirmativo, por qué lo hizo. Si ese informe de rectificación existe, sería conveniente para la credibilidad política del Ejecutivo que se diera a conocer cuanto antes.

Precisamente porque su presentación favorece al Gobierno, el hecho de que no se haya hecho público abona la hipótesis más plausible: que tal documento no existe; o, por decirlo con mayor precisión, que no existía antes de la semana pasada y que la Secretaría de Estado de Información simplemente mintió a la opinión pública. José Borrell tenía razón cuando en la sesión parlamentaria de ayer espetó a Álvarez Cascos que "no es posible creer, como pretende el Gobierno, que un documento oficial, sellado y rubricado en cada una de sus páginas, fuese modificado en 24 horas". La inverosimilitud aumenta cuando se conoce el carácter de Barea, poco dado a rectificaciones. En esta situación, el error más grave que podía cometer el grupo parlamentario del PP, y el vicepresidente Álvarez Cascos, encargado de lidiar tan espinoso asunto, es rehuir el debate sobre el fantasmagórico documento. Porque si no lo presenta, quedará probado que engañó a los ciudadanos; y si lo hace pasado un plazo, cabrá siempre la sospecha, bien fundada, de que se trata de un informe fabricado a posteriori.

Pero la discusión sobre si existe o no el segundo documento de Barea, aunque es interesante en cuanto revela la facilidad con que este Gobierno se mete en jardines y sus escasos escrúpulos en hurtar información a la opinión pública, no debe ocultar otras reflexiones sobre el Presupuesto. El Gobierno no parece interesado en entrar en el fondo de la cuestión para demostrar que este año no existe realmente un déficit de financiación de 600.000 millones, como asegura Barea, que habría que financiar en 1998; y la oposición, es decir, el PSOE, tampoco parece dispuesta a demostrar que el agujero existe. En este sentido, hay que decir que también Álvarez Cascos tenía razón ayer cuando contestó en el Parlamento que las críticas al Presupuesto contenidas en el informe de Barea (es decir, en el único conocido hasta ahora) "no han sido recogidas en las enmiendas del Grupo Socialista". Si las cuentas de Barea son veraces y reales, resulta una frivolidad no proponer las correcciones necesarias para evitar el déficit.

La trifulca montada en tomo al documento Barea ha puesto en evidencia que la Oficina Presupuestaria que Aznar anunció como, piedra angular para controlar el gasto es apenas una fachada de cartón piedra. Ni el Gobierno le facilita los datos necesarios para ejercer su función, ni toma en consideración sus informes, salvo que sean laudatorios. Por si no bastara con ello, su propia existencia amenaza con convertirse en obstáculo para crear una oficina presupuestaria dependiente del Parlamento que en tiempo real pueda disponer de la información necesaria para controlar, al servicio de los ciudadanos, las cuentas públicas.